El Gobierno de Cantabria ha firmado el convenio de colaboración con Cruz Roja para la puesta en marcha del 'ticket social', en el que el Ejecutivo ha invertido un millón de euros para garantizar los recursos básicos a las personas y familias cántabras que se encuentran en una situación de emergencia social.
El acuerdo ha sido firmado por la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja, Javier Fernández, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.
Según se ha establecido, podrán acceder al 'ticket social', las personas mayores de 18 años, menores con cargas familiares o que tengan más de 16 años y estén emancipados por decisión judicial, que además cuenten con unos ingresos que no superen el 150% del IPREM, es decir, que estén por debajo de 798,77 euros, teniendo en cuenta que el IPREM está fijado en 532,51 euros para el año 2016.
En caso de que la unidad familiar cuente con más de un miembro, se incrementará en un 30% el porcentaje por la segunda persona integrante (ingresos inferiores a 1.038,40 euros), en un 20% por el tercer miembro de la unidad familiar (menos de 1.246,08 euros de ingresos al mes) y en un 10% a partir del cuarto (ingresos inferiores a 1.370,69 euros).
Los beneficiarios también deberán estar empadronados o tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma durante al menos los seis meses anteriores a la solicitud del bono, salvo que sean mujeres víctimas de violencia de género, en las que concurran circunstancias que les impidan la disponibilidad de sus bienes o que se encuentren en un estado de necesidad debidamente acreditada mediante informe social de los servicios sociales de atención primaria.
Tampoco se exigirá el requisito de empadronamiento o residencia efectiva para personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud.
Además, ninguna de las personas que integran la unidad familiar podrá disponer de bienes muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, salvo causa justificada.
Las personas que reciban el bono podrán adquirir productos alimentarios de primera necesidad (verduras, fruta, pescado, carne, leche, etc), productos infantiles, como papillas hasta seis meses, pañales, toallitas limpiadoras, etc., y productos de higiene personal y del hogar (gel, champú, detergente, fregajuelos, escobas, entre otros).
Todos estos bienes se podrán adquirir en los establecimientos comerciales con los que Cruz Roja establezca un acuerdo de colaboración.
El Ejecutivo ha optado por poner en marcha esta medida en colaboración con Cruz Roja teniendo en cuenta "la amplia experiencia" de esta organización en la atención a personas en esta situación y para dar la "máxima agilidad" a esta medida.
El Gobierno avanza así, señala, en la puesta en marcha de este programa, incluido en el Plan de Emergencia Social, que con una inversión total de 86 millones de euros contiene 100 actuaciones para paliar la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan 160.000 ciudadanos de la región, de los que 120.000 están por debajo del umbral de pobreza o exclusión social.
