Hace apenas 10 días la asociación ‘Luchamos por la Vida’ interponía una denuncia por las “irregularidades” en las obras de la Fase III del nuevo Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Irregularidades que van desde reparaciones defectuosas a incumplimientos de protocolos de calidad ambiental. Este jueves, según publica El Faradio, la Fiscalía Superior ha aceptado dicha denuncia y abrirá diligencias para investigar y verificar el alcance de los hechos denunciados, y que tienen como responsable, según la asociación corraliega, a la empresa Ferrovial.
El caso del nuevo Valdecilla supera de este modo el ámbito político y social para entrar de lleno en el judicial. Con esta decisión la Fiscalía comienza ahora un proceso de investigación que permitirá, en teoría, conocer en detalle informes periciales, documentación de la empresa, testimonios de responsables, etc., y que podría desembocar en un juicio.
De llegar a este extremo sería el primer caso judicial contra una de las empresas que gestionan el modelo público privado elegido por el anterior Gobierno del PP de Ignacio Diego, que firmó el convenio con la UTE Ferrovial-SIEC. Cabe recordar que Ferrovial Servicios, la empresa a la que denuncia la asociación, es la responsable de los servicios de mantenimiento y no sanitarios del Hospital, como contraprestación de la realización de las obras del nuevo edificio de las Tres Torres.
La denuncia de ‘Luchamos por la Vida’ ha sido el último caso de una larga serie de críticas y denuncias a las obras del nuevo Valdecilla
La denuncia de ‘Luchamos por la Vida’ ha sido el último caso de una larga serie de críticas y denuncias a este modelo que han tenido como protagonistas a trabajadores, pacientes y políticos. En concreto, la asociación ha denunciado, gracias a la información facilitada por uno de sus miembros, la mala calidad de los filtros de aire y agua e incluso falsificación de datos o cierre de expedientes faltando las revisiones de la empresa de mantenimiento.
Además, en su denuncia incluye problemas con el sistema de detección de incendios, contaminación del agua de los aljibes, desmantelamiento de habitaciones desocupadas para reparar las ocupadas, ausencia de tratamiento de legionella de las torres de refrigeración, reutilización de aparatos de aire acondicionado antiguos en zonas de nueva apertura y falta de personal, lo que provoca a su vez falta de mantenimiento y personal.
La asociación colabora con Valdecilla donando fondos para la investigación contra el cáncer que recauda a través de diferentes campañas y actividades.
Auditoría del Gobierno
Muchas de estas denuncias, como ha recordado el Gobierno de Cantabria, coinciden con lo determinado por la auditoría externa encargada por el Ejecutivo, que a raíz de este informe ha abierto hace menos de un mes un expediente sancionador a la adjudicataria por posibles incumplimientos de contrato, así como “numerosas deficiencias” en las obras que han dejado notables diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado realmente, destacando la ausencia de varios ascensores. El contrato firmado entre PP y Ferrovial fue por un importe superior a los 900 millones de euros.
Asimismo, el Parlamento de Cantabria ha decidido iniciar una Comisión de Investigación sobre estas obras para dirimir posibles responsabilidades políticas y conocer con exactitud las irregularidades cometidas tanto en el contrato como en la ejecución del proyecto.
Sin embargo, la vertiente política no es la única en el polémico contrato público privado de Valdecilla. A comienzos de año, concretamente en febrero, los propios trabajadores del centro denunciaban lo que llamaron “el gran fraude” del hospital santanderino. Según explicaban, las nuevas instalaciones no tenían “la más mínima funcionalidad”.
En concreto, denunciaron algunos aspectos que también han sido recogidos en el resto de críticas, como son la falta de instalaciones adecuadas (la segunda cama de las habitaciones no tiene aspirado) o la falta de intimidad cuando se encuentran dos pacientes en una única estancia, pues deben situarse enfrentados por los pies.
Pero además de la poca comodidad y calidad en la atención de los pacientes, los profesionales denunciaron que los trabajadores tampoco tienen facilidades para realizar su labor. Sin ir más lejos, “no hay espacio para unas consultas”, las ventanas están cerradas con llave, con lo que “no se ventila ninguna estancia, suceda lo que suceda”.
Muchas de estas denuncias serán las que estudie la Fiscalía para determinar si es necesario iniciar un proceso judicial que determine las responsabilidades de la empresa adjudicataria.
