El exalcalde de Astillero del PP, Carlos Cortina, podría ser condenado a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público si la petición de la Fiscalía de Cantabria finalmente es escuchada por el tribunal. Al ex dirigente popular se le acusa de un presunto delito continuado de prevaricación, que fue inicialmente denunciado por el secretario del Ayuntamiento cuando Cortina era regidor. Posteriormente, a dicha denuncia se unieron IU y PSOE.
Después de que el pasado 13 de septiembre el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander determinara que las presuntas irregularidades en la contratación y pagos a Rosa Nozal, hermana de la funcionaria que se encargaba del área municipal de Personal, podían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida, ahora la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un posible delito continuado de prevaricación, que achaca a Cortina, y de un delito de tráfico de influencias, del que sería autora la hermana de la empleada municipal.
Ante esto, además de la inhabilitación para el exalcalde, la Fiscalía pide para Nozal un año de prisión y una multa de 160.000 euros.
El pasado 5 de julio la Audiencia de Cantabria desestimaba los recursos de apelación de Cortina y Nozal y recordaba los hechos ocurridos en la primera mitad de 2007, cuando Nozal facturó 14.500 euros al Ayuntamiento por el concepto de análisis y descripción de puestos de trabajo, cantidad superior a los 12.000 euros que contempla la propuesta de gasto aprobada por el Consistorio. Sin embargo, la trabajadora siguió facturando nuevas cantidades en sucesivos periodos “sin aprobación de propuesta de gasto”, llegando a estar de enero de 2007 a mayo de 2008 por un trabajo para el que “un año era tiempo más que suficiente”. En total, el Ayuntamiento abonó 44.950 euros, lo que excede “los límites aplicables a la contratación menor”.
Tras la elaboración de los puestos de trabajo, como recogía el auto, Nozal volvió a facturar al Ayuntamiento por la “valoración de puestos de trabajo”, labor para la que “se había contratado una nueva empresa, pues era un trabajo especializado para el cual la recurrente no estaba capacitado”. En total, “el Ayuntamiento contrató unilateralmente” a la hermana de una empleada municipal durante un año y ocho meses, abonando 66.707,95 euros, para realizar una labor para la que “se había contratado a una empresa especializada”.
El auto concluye, por tanto, que el Consistorio “contrató durante más de tres años a Rosa Nozal”, que en ese periodo “emitió 38 facturas” que le fueron abonadas por un total cercano a los 100.000 euros.
