El juzgado de primera instancia nº 3 de Santander tiene previsto un nuevo desahucio para mañana viernes, 7 de febrero, a las 10:00 horas en las inmediaciones de la calle Poeta Miguel Hernández de Astillero. Según ha informado hoy en un comunicado la plataforma Stop-Desahucios, el desahucio va dirigido contra una familia de cuatro miembros: Lilian, su hijo, su nuera y su nieto de tres años. Lilian trabaja limpiando pisos y malvive con ingresos que oscilan entre 500 y 700 euros al mes, dinero con el que tiene que mantener a los cuatro miembros de la familia, ya que su hijo y su nuera se encuentran desde hace tiempo en situación de desempleo. Lilian padece continuos ataques de asma, ansiedad y depresión como consecuencia de todo esto. De hecho, el pasado martes tuvo que ingresar en Valdecilla y, aunque no tenía el alta médica, no quiso quedarse en el hospital debido al problema del desahucio. Con el objetivo de parar el desahucio, Stop-Desahucios ha convocado una movilización para este viernes en el número 13 de la calle Miguel Hernández, para lo que el colectivo se reunirá previamente a las 09:00 horas en la estación de tren de Astillero.
“Las Peñicas se ocupa de hacer el trabajo sucio a Liberbank y hacer negocio con el sufrimiento de las familias cántabras”
Según ha informado Stop-Desahucios, Lilian dejó hace tiempo de pagar el alquiler, ya que no disponía de suficientes ingresos. Su caso es similar al de otras muchas familias de la plataforma: ella alquiló la casa inicialmente con un particular que después sufrió una ejecución hipotecaria, perdiendo la casa y pasando el inmueble primero a Liberbank y después a Beyos y Ponga, el fondo inmobiliario de la entidad bancaria. Con Beyos y Ponga se firmó un nuevo contrato de alquiler y al poco tiempo el inmueble fue vendido al fondo buitre Desarrollos Las Peñicas, que según fuentes de la plataforma “se ocupa de hacer el trabajo sucio a Liberbank y hacer negocio con el sufrimiento de las familias cántabras”. El presente desahucio no es el primero con el que ha tenido que lidiar la familia de Astillero, que de hecho ya ha sufrido otros dos intentos de desahucio, que fueron suspendidos en vía judicial en abril y en octubre de 2019 por mediación de la plataforma. Ahora, agotadas ya todas las opciones en el ámbito judicial, “sólo queda la movilización”, ha advertido Stop-Desahucios.
Nula respuesta de Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento
Precisamente, a raíz del último intento de desalojo, tanto la afectada como la plataforma se pusieron en contacto con diferentes instituciones. A la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria se le solicitó que colaborara para parar el desahucio, cosa que hizo sin ningún problema en aquel entonces. También se le pidió un alquiler social en alguna vivienda gestionada por ellos. Sin resultados satisfactorios. Posteriormente, se tuvo también una reunión con el alcalde de Astillero, que ofreció varias alternativas teóricas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna propuesta firme. De hecho, ante la falta de expectativas, la plataforma solicitó al alcalde que se aprobara una moción para apoyar una ayuda económica suficiente para evitar que la familia se quedara en la calle, pero hasta ahora “solo ha habido silencio”, según miembros de la plataforma. Por su parte, la Oficina de Emergencia Habitacional resolvió a finales de año que no podría atender el caso “por no cumplir los requisitos” de la oficina, concretamente por no disponer de ingresos acreditados y no tener a su nombre el contrato de arrendamiento. Antonio G. Javega, coportavoz de Stop-Desahucios, es contundente: “Se supone que se ayuda a la gente por la falta de ingresos, no por no tenerlos. Además, en este caso se ha solicitado una renta básica para la familia en el ICASS. Y lo del contrato es debido a que en el momento de la firma del contrato de arrendamiento, Lilian tuvo problemas para arreglar los papeles en su consulado, ya que es de origen venezolano, y por eso se puso a nombre de un amigo de la familia. Pero siempre ha sido ella quien pagaba el alquiler, algo acreditado mediante transferencias bancarias, y el contrato figuraba a su nombre con anterioridad a esa circunstancia. No tiene sentido que se niegue ayuda a esta familia por problemas burocráticos tan absurdos”.
