El juzgado de instrucción nº 3 de Santander comunicó el pasado lunes 5 de octubre la orden de desalojo para este viernes 9 de octubre a las 10:00 horas. Este desahucio va dirigido contra una familia de cinco miembros: Elisabeth, su pareja, Javier, y sus tres hijas, de 20, 16 y seis años de edad. La pareja se encuentra en situación de desempleo desde hace varios años y sobrevive gracias a las ayudas de instituciones y familiares. Hace poco tramitaron la solicitud de la Renta Social Básica y el Ingreso Mínimo Vital, y están a la espera de una resolución positiva de alguna de las dos ayudas.
El caso de Elisabeth y Javier es similar al de muchas familias que se vieron afectadas en su día por una crisis económica cuyos efectos se han unido a los de la pandemia del COVID-19. Es una familia de cinco miembros en una situación de pobreza extrema a la que no han dado respuesta las instituciones públicas. Por ello, no les quedó más remedio que entrar en un piso propiedad de un fondo financiero, el cual los denunció por usurpación. Siendo condenados a finales de 2019 a una multa y al desalojo de la vivienda. Asesorados por la plataforma Stop-Desahucios, a principios de agosto de 2020 solicitaron una vivienda de alquiler social a la D.G. de Vivienda y se encuentran a la espera de una respuesta en algún sentido.
En el día de ayer, la familia afectada presentó un escrito solicitando la suspensión amparándose en diferentes cuestiones jurídicas, redactadas por el equipo de la plataforma. Según Roberto Mazorra, portavoz del colectivo antidesahucios: “hay motivos más que sobrados para suspender el desahucio”. “En primer lugar, la existencia de dos menores. Eso sería causa suficiente en cualquier país civilizado para parar un desalojo. Tenemos también la situación de vulnerabilidad social y económica de la familia. O la irregularidad que constituye que un fondo de titulización sin personalidad jurídica ejerza la acusación, algo absolutamente ilegal según la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial; ya que sólo lo puede hacer la gestora que creó el fondo, y que en este caso se llama ‘Titulización de Activos S.A.-S.G.F.T.’. Y no podemos olvidar que estamos hablando de echar a la calle a una familia de cinco miembros en plena pandemia. Algo que quizás sea legal pero que es a todas luces inmoral y contrario a cualquier lógica sanitaria”, concluye Mazorra.
Por todo ello, la plataforma Stop-Desahucios convocará para el día del desahucio, viernes 9 de octubre, a las 9:00 horas en la Travesía de la Enseñanza n.º 4 una movilización para impedir el desalojo.
