El Gobierno de Cantabria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial extraordinario el decreto, de 7 de julio, por el que establecen los servicios mínimos durante la huelga indefinida convocada desde el pasado 1 de julio en el ámbito de la Dirección General del Medio Natural, que afectan a la totalidad del personal aunque sólo en el caso de que se active el nivel 2 del operativo de lucha contra los incendios forestales.
Comisiones Obreras ya anunció la semana pasada su intención de llevar a los tribunales el decreto de servicios mínimos "del 100%" establecido por el Gobierno de Cantabria ante la huelga indefinida que los agentes forestales y cuadrillas han convocado debido, entre otros asuntos, al impago de las guardias.
El decreto, aprobado este pasado jueves por el Consejo de Gobierno, argumenta que, en la medida que los servicios citados son "esenciales" para la comunidad autónoma, "la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos" y que "el derecho de la comunidad a esas prestaciones vitales es prioritario respecto del de la huelga".
Además, ahonda en que "el ejercicio del derecho de huelga cede cuando la huelga pueda ocasionar un mal más grave a la comunidad o al destinatario o titular del derecho a la prestación del servicio esencial, que la hipotética falta de éxito de sus reivindicaciones o pretensiones" y en este caso la paralización de los servicios atención de emergencias y en particular de extinción de incendios forestales puede causar "perjuicios irreparables a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
La medida de implicar a todo el personal en los servicios mínimos en caso de activación del nivel 2 es, según el Gobierno, "necesaria para conseguir el objetivo de luchar contra los incendios forestales" puesto que "sólo con la concurrencia de medios humanos se pueden combatir los incendios."
En este sentido afirma que "no cabe una medida más moderada para asegurar la eficacia del operativo" y que "es innegable la superación del juicio de proporcionalidad" por los beneficios que para el interés general supone el establecimiento de una medida
"tendente a combatir una situación de peligro para la seguridad de las personas y los bienes".
