En la actualidad, tras el golpe de Estado, Bolivia vive una situación de "doble poder". Por un lado, un ejecutivo autonombrado anticonstitucionalmente que descansa sobre la base de los aparatos coercitivos, las élites oligárquicas racistas y las clases medias tradicionales que sirven a los conductores del golpe como sustento de legitimidad. Por otro lado, un poder legislativo con mayoría del MAS y unas movilizaciones populares autoorganizadas y diversas en su composición ideológica y adscripción partidista, entre las que se encuentran quienes sustentan a este legítimo poder legislativo y al presidente y vicepresidente exiliados en México.
Desde el ejecutivo autonombrado la prioridad es acabar con el instrumento político que articula las demandas de la población movilizada contra el golpe. Pese a que en las movilizaciones no todos apoyen la gestión del gobierno de Evo y García Linera en su totalidad, el MAS sigue siendo el principal objetivo a destruir por los golpistas para asegurarse el control del poder político del Estado.
El clasismo de las viejas clases medias que quieren recuperar sus privilegios perdidos toma forma mediante la expresión de un racismo descarnado que deshumaniza al otro
En este contexto, me parece interesante centrar la mirada en las características de la composición social e ideológica de los actores protagonistas del bloque golpista y las consecuencias que el establecimiento definitivo en el poder de estos actores tendría para el pueblo humilde de Bolivia y sus naciones originarias. Por un lado, al frente está la oligarquía neoliberal y racista que siempre ha estado en frente del proceso de cambio boliviano. Pero, además, también forman parte de los sectores que lo apoyan unas clases medias tradicionales resentidas con las nuevas clases medias de origen indígena y popular que a través del proceso de igualación social llevado a cabo estos años han conquistado derechos y parcelas sociales que tradicionalmente estaban reservadas para la vieja clase media blanca o mestiza. Hoy el color de piel y la procedencia indígena no son un impedimento para ascender socialmente. Bien al contrario, actúan como nuevos capitales para el acceso de estos sectores a planos antes vedados (como ejemplo, más de un 50% de la administración pública del Estado Plurinacional de Bolivia está hoy formada por personas de identidad indígena). El clasismo de las viejas clases medias que quieren recuperar sus privilegios perdidos toma forma mediante la expresión de un racismo descarnado que deshumaniza al otro y legitima la actuación indiscriminada de las fuerzas coercitivas que apalean, gasean y acribillan a quienes se manifiestan ante el golpe. La quema de la Wiphala simbolizó este racismo a la perfección.
Por otro lado, en cuanto a la composición del bloque popular en resistencia, hay que decir que está lejos de ser monolítica en cuanto a su militancia y apoyo al MAS. Las movilizaciones son autoorganizadas desde diferentes colectivos indígenas, sociales, obreros, campesinos... Existen tensiones en la relación de estos diversos movimientos con el gobierno por los límites en su gestión durante este tiempo. Personalmente considero que esta cuestión es importante y se debe tratar, pero no creo que sea donde tenga que estar situado el foco en la actualidad. Algunas líderes feministas comunitarias, como Adriana Guzmán, han demostrado durante estos días que se puede compatiblizar el señalamiento de los límites del proceso de cambio sin perder de vista que lo prioritario actualmente es evitar el triunfo definitvo del golpe racista y patriarcal, que cerraría toda posibilidad de estirar los límites hasta los que han llegado durante estos años el proceso conducido por Evo Morales y Álvaro García Linera.
Mientras escribo estas líneas, leo que las fuerzas armadas y los cuerpos policiales han atacado de nuevo a la población que resiste en El Alto, asesinando a varias personas. En especial a quienes mantenían su protesta y resistencia en la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, que hace días está cercada por las movilizaciones populares obligando al gobierno golpista a tener que importar gasolina de Perú y Chile.
Y también leo que Evo Morales ha denunciado que la Plaza Murillo en La Paz (sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional) se encuentra cercada por tanquetas militares, evidenciando que el plan del golpismo conducido por Mesa, Camacho y Áñez pasa por terminar con la situación de doble poder que describía al principio del texto clausurando la Asamblea Legislativa mediante el uso de la fuerza coercitiva e intentando convocar unas elecciones con los dirigentes y militantes del MAS perseguidos y sus dos principales líderes exiliados y sin posibilidad de concurrir a las mismas.
Mientras tanto, la Unión Europea y el Gobierno español guardan silencio en una actitud de vergonzosa complicidad.