El exdirector de Cantur Diego Higuera, y el exgerente del Consorcio de Museos, Pablo Sámano, administrador de la empresa Conurca, se sentarán en el banquillo el próximo 7 de septiembre acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa en relación al fraccionamiento de contratos de Cantur en favor de Conurca para eludir la publicidad y concurrencia propia de los procedimientos administrativos de contratación.
La Fiscalía pide para ambos la misma pena, 10 años de inhabilitación, pese a que acusa a Higuera como autor y a Sámano como cooperador necesario. La empresa pública Cantur, personada como acusación, no hace esa distinción y pide también 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de ellos.
El juicio contra Higuera y Sámano, ambos nombrados por el PRC siendo Javier López Marcano consejero de Cultura, Turismo y Deporte, se celebrará en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, según han informado a Europa Press fuentes del TSJC.
El Juzgado de instrucción nº 1 de Santander acordó la apertura de juicio oral contra Higuera y Sámano el 29 de noviembre del año pasado, después de que la Audiencia rechazara en junio el recurso de apelación de Sámano y confirmara el auto que puso fin a la instrucción.
Este procedimiento se inició a raíz de la denuncia que presentó la Fiscalía tras recibir del Parlamento las conclusiones de la comisión de investigación impulsada por el PP la pasada legislatura sobre la gestión de Cantur y el Racing durante el anterior mandato de la coalición PRC-PSOE, que en 2015 retornó al Gobierno.
Higuera, que fue absuelto de la acusación de prevaricación en la construcción de la Casa de los Gorilas de Cabárceno junto al entonces consejero de Turismo y diputado regionalista, Javier López Marcano, tiene pendiente otra imputación por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que la Fiscalía le pide siete años de prisión.
En este procedimiento, que sigue la Ley del Jurado, Higuera está imputado por pagar gastos personales con dinero de la empresa pública, que también ejerce la acusación particular. Además de los siete años de prisión, la Fiscalía solicita 20 años de inhabilitación absoluta, así como el abono de una indemnización de 132.535 euros a Cantur.
