Los juzgados de Santander serán los primeros de Cantabria en estrenar este año un sistema de mediación familiar intrajudicial, en virtud de un convenio en el que el Gobierno regional, los colegios de Abogados y Procuradores, la Asociación de Mediación (AMECAN) y la Asociación de Derecho Colaborativo se han unido para poner en marcha este sistema.
Con esta iniciativa se instaura un procedimiento dentro del ámbito judicial en el que las partes aceptan la intervención neutral de un mediador que facilitará que encuentren un acuerdo duradero y mutuamente aceptable, en procesos por ejemplo de separación o divorcio que se interpongan en los juzgados.
La mediación familiar será así un nuevo mecanismo de derivación dentro de los juzgados, que se podrá iniciar en cualquier fase del litigio, incluso en la ejecución de la sentencia, con el fin de optimizar y facilitar el entramado de las relaciones e intereses personales y económicos y evitar incumplimientos.
El acuerdo ha sido rubricado este viernes en un acto celebrado en los juzgados de Las Salesas de Santander en el que han intervenido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Ana María Álvarez, respectivamente; la presidenta de AMECAN, Carmen de Albert; y el presidente de la Asociación de Derecho Colaborativo, José Antonio Trugeda. En eñ acto también ha intervenido el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta.
De la Sierra ha resaltado la "extraordinaria" colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el CGPJ y el Gobierno, que se "demuestra una vez más" con la puesta en marcha de este sistema, un proyecto piloto que se podrá extender a otros juzgados de Cantabria.
"Tenemos como objetivo común solucionar los problemas de la Justicia en Cantabria y se han dado pasos importantes", ha señalado el consejero. También ha agradecido la colaboración "desde el primer momento" de todos los colectivos firmantes, que asumen el servicio de mediación de forma gratuita en su inicio y se ha comprometido a que en el futuro sea una actividad remunerada, en un sistema similar al de la justicia gratuita.
De la Sierra ha afirmado que eéste es solo "el primer paso" y que el próximo objetivo del Gobierno de Cantabria es "extender la mediación en otros ámbitos de la función judicial".
MEDIACIÓN: FUTURO DE LA JUSTICIA
Por su parte, Álvaro Cuesta ha señalado que hablar de mediación es hacerlo del "futuro de la justicia". Además, ha hecho hincapié en la importancia de comenzar el proyecto en el ámbito de la familia, que es "fundamental" y donde existe una alta litigiosidad y la importancia de velar por el interés de los menores.
Ha informado que se dictan al año 180.000 sentencias en el ámbito de la familia, que afectan a 340.000 adultos y 260.000 menores de edad, utilizados en ocasiones "como escudos humanos", por lo que ha considerado muy importante la mediación en este ámbito.
"Abrimos nuevos conceptos en la justicia, donde la mediación asoma como medio natural y propicio en el derecho de familia", ha remarcado.
Actualmente, según ha señalado, 245 órganos de justicia de familia de España están practicando derivación y en otros ámbitos judiciales como el civil, social o contencioso esta cifra alcanza los 650 juzgados en todo el país, con alguna experiencia también en la jurisdicción penal.
Por último, ha destacado la labor conjunta del Gobierno de Cantabria y del Poder Judicial y ha reconocido el trabajo de los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia.
REDUCIR LA CARGA DE TRABAJO
El decano del Colegio de Abogados, por su parte, cree que mediante el acuerdo se puede reducir la carga de trabajo y asegurar procesos judiciales sin dilaciones indebidas. Para desarrollar el proyecto, el Colegio ha incorporado a diez letrados especializados y ha resaltado la experiencia de la organización colegial en este ámbito.
Por su parte, la decana de los Procuradores ha resaltado la formación en mediación de estos profesionales y su conocimiento del sistema procesal para favorecer la mediación intrajudicial. A su juicio, es importante la apuesta clara del Gobierno para "abrir las puertas a esta realidad y para que los ciudadanos acudan a la mediación de forma más frecuente que hasta ahora".
La presidenta de AMECAN ha dicho que su colectivo afronta con ilusión y esperanza la iniciativa y ha hecho hincapié en el trabajo de la asociación para impulsar la mediación desde 2010.
Y el presidente de la Asociación de Derecho Colaborativo ha valorado el trabajo del director general de Justicia cántabro, Pablo Ortiz, y de todo su equipo, y ha afirmado que ahora es una "buena oportunidad" para que ciudadanía y profesionales conozcan un método "distinto, alternativo y que tiene grandes ventajas".
MEDIOS Y GUÍA DE ACTUACIÓN
Según recoge el acuerdo, el Gobierno, a través de la Consejería de Justicia, proporcionará los medios materiales y personales para el desarrollo del proyecto piloto y gestionará las actividades de mediación a través del Servicio de Mediación y Justicia Gratuita creado el pasado año.
Los colegios de Abogados y de Procuradores, AMECAN y la Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria facilitarán, por su parte, al Servicio de Mediación del Gobierno de Cantabria un listado de mediadores que cumplan con los requisitos legales.
La mediación intrajudicial se llevará conforme a unas recomendaciones de actuación del CGPJ, así como de una guía de actuación elaborada por el Gobierno, en colaboración con los órganos judiciales, en la que se fijan los pasos para que un conflicto pueda ser objeto de mediación.
Entre otras acciones, esta guía establece que la evaluación y selección de los casos de derivación a mediación la realizará inicialmente el juez que conoce del asunto litigioso, que podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso judicial, instándoles a que asistan a una primera sesión informativa.
El órgano judicial podrá en cualquier momento del proceso proponer la derivación del conflicto a mediación o bien si alguna de las partes lo solicita, comunicándolo al Servicio de Mediación del Gobierno y emplazando a las partes a la sesión informativa, a la que podrán asistir también con sus abogados.
La derivación a mediación no implicará necesariamente la suspensión del proceso judicial, evitando dilaciones indebidas y que la mediación constituya mecanismo para retrasar la tramitación de los procedimientos judiciales, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de las partes de solicitar, a través de sus representantes, la suspensión del proceso.
El plazo máximo para realizar la sesión informativa presencial será de siete días hábiles desde la notificación de la resolución. Esta primera sesión tendrá lugar en sede judicial, tras lo cual el mediador remitirá la ficha correspondiente con el resultado de lo acontecido al Servicio de Mediación y éste, a su vez, al órgano judicial.
En el caso de que las partes decidan iniciar el proceso conciliador, el Servicio de Mediación procederá a designar un mediador definitivo, bien a propuesta de las partes o de forma directa, si no existiera un acuerdo.
El procedimiento de mediación podrá concluir en acuerdo sobre una parte o la totalidad de las materias sometidas a mediación, o finalizar sin alcanzar un acuerdo.
En caso de alcanzar un acuerdo, éste se incorporará al proceso judicial por medio de los abogados y procuradores, con sus correspondientes consecuencias procesales. Si no es así, se continuarán con los trámites judiciales.
