La Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria acogerá esta semana, del martes 26 al jueves 28, el juicio contra los alcaldes de las juntas vecinales de Mioño y Lusa, en Castro Urdiales, por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, prevaricación y coacciones a raíz del contrato de arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido para su explotación minera.
La acusación particular, ejercida por el grupo empresarial Sadisa y Emilio Bolado, pide penas que suman 17 años de cárcel y 25 de inhabilitación para cargo público para Víctor Echevarría y Antonio Alijo, alcaldes de Mioño y Lusa, respectivamente, por los citados delitos, que la Fiscalía no considera probados, por lo que al igual que la defensa solicita la libre absolución de los acusados.
Según la acusación particular, el objetivo del contrato era arrendar unos terrenos de las juntas vecinales a dicha Unión Temporal de Empresas para que éstas pudieran extraer y explotar económicamente durante un máximo de 20 años (el arrendamiento se fijo en cinco años, prorrogables hasta 20) los restos minerales existentes en los citados terrenos, en suelo rústico de especial protección medioambiental y donde durante décadas existió una explotación minera. A cambio, y además de la renta, las sociedades de la UTE debían acometer la restauración ambiental y paisajística de los terrenos.
De acuerdo con los letrados de Sadisa y Emilio Bolado, en base al contrato los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de "estafar" a la UTE empresarial y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, "en cuestión de semanas" sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización "descontrolada" de numerosos cheques al portador.
Añade esta parte que los alcaldes "jamás" tuvieron la "mínima intención" de cumplir con un contrato que es, además, "de imposible cumplimiento", pues las "verdaderas intenciones" de Echevarría y Alijo fueron "el mayor enriquecimiento posible" a costa de la UTE.
Discrepancia contractual, según la Fiscalía
La Fiscalía considera que no ha resultado debidamente acreditado que los acusados, en su condición de alcaldes de las juntas vecinales de Lusa y Mioño, dictaran resoluciones administrativas que "infringieran de forma palmaria" el ordenamiento jurídico administrativo, con la finalidad de "perjudicar injustamente" los intereses públicos o los de la parte contratante en el expediente de contratación hecho con la UTE Dícido.
Según el Ministerio Público, el contrato "no ha sido un puro artificio al servicio del fraude", existiendo una "voluntad negocial real" por parte de las juntas y sus alcaldes. Así, para el fiscal, lo que ha existido es una "discrepancia contractual" entre las partes que suscribieron contrato, cuya resolución debe corresponder a la jurisdicción Civil.
En este sentido, el fiscal indica en su escrito que el impago o la demora en el pago del IVA por parte de las Juntas Vecinales en la cantidad inferior a 120.000 euros no es constitutivo de ilícito penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas de tipo tributario que se puedan derivar.
Tampoco ha sido acreditado que los alcaldes imputados hayan integrado en su propio patrimonio dinero público alguno o hayan destinado el mismo a usos ajenos al interés público que debe presidir la labor de las juntas vecinales.
Por eso, la Fiscalía entiende que los hechos no son constitutivos de delito o falta y pide la absolución de los acusados.
Penas solicitadas por la acusación particular
Pero la acusación particular considera a Echevarría y Alijo autores de los citados delitos y pide, para el primero, una pena de cinco años de cárcel y 9 de inhabilitación para cargo público por la supuesta estafa, y dos años de prisión por coacciones.
Y para Alijo solicita cinco años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público por estafa, dos años de prisión por coacciones, y tres de cárcel y seis de inhabilitación por malversación.
Además, la acusación pide una indemnización por 1,25 millones en concepto de responsabilidad civil.
La defensa, en desacuerdo con la acusación particular, pide al igual que la Fiscalía la absolución de sus patrocinados.
