Más de una treintena de padres de los menores que acuden al centro de atención a la primera infancia (CAPI) de Santander ha hecho público su apoyo y confianza en el personal y en el centro tras la denuncia que investiga el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander por presuntas vejaciones y maltrato a los menores. Denuncia desvelada ayer martes por Izquierda Unida y que según el sindicato SIEP, ha sido presentada por un trabajador de cocina contra dos educadores y responde a un "enfrentamiento personal".
En una carta que han hecho llegar a Europa Press, los padres explican que "ya sabían del hecho" y que han seguido llevando a sus hijos porque confían en los trabajadores y por lo tanto en el centro, sobre el que nunca han tenido "el más mínimo atisbo de sospecha".
"Con sólo ver a nuestros hijos cómo acuden al centro y quieren a sus profesores incluso en la calle, no necesitamos más", afirman. Añaden que sus hijos acuden al centro "con buenísima actitud", quieren a los educadores y "jamás han tenido lesiones, ni sufrido vejaciones ni malos tratos".
NI MALTRATO NI VEJACIONES
Por otro lado, el sindicato SIEP ha asegurado que en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de Santander "no existe maltrato ni vejaciones, sino una atención óptima a nuestros menores". Fuentes de SIEP han asegurado a la citada agencia que los hechos denunciados "no existen" y consideran que "es una irresponsabilidad lo que está pasando, empezando por Izquierda Unida" por dar voz a una denuncia que no se sustenta en "ninguna prueba" y que "no tiene que ver con la atención a los menores".
"No podemos permitir que se ponga en duda la profesionalidad del personal del CAPI Santander, ni la atención que se presta a los niños que a él acuden cada día", afirma SIEP en un comunicado de prensa en el que subraya que no existe ni una sola denuncia de familias. El sindicato pide "responsabilidad" y evitar "generar alarma social por otros intereses que nada tienen que ver con el bienestar y atención de nuestros menores". "Los profesionales y las familias no se merecen este tipo de actuaciones", añade.
A la vez, reprocha a los responsables políticos de la administración regional que "cuando existen discrepancias en los centros, enfrentamientos o cuestiones personales que afectan a lo profesional, hay que resolver, no mirar para otro lado y dejar pasar el tiempo para que finalice la legislatura sin conflictos porque priman otros intereses por encima de los servicios que debe prestar la administración pública a sus ciudadanos".
SIEP recalca que en un "Estado de Derecho", cualquier ciudadano puede presentar una denuncia vía judicial, un juez resolverá y tras la resolución judicial se podrán depurar las responsabilidades que procedan, "responsabilidades que también asume quién denuncia hechos inexistentes o falsos", apostilla. El sindicato añade que el CAPI de Santander es un centro de puertas abiertas, donde además de los empleados públicos que trabajan allí, acuden otros colaboradores, como el equipo de Atención Temprana dependiente de la Consejería de Educación, que llevan 25 años acudiendo al centro, y personal de programas de medidas en medio abierto, remitido por otras instituciones, y "nunca ha habido denuncias, ni quejas al respecto".
Para SIEP, "es un privilegio que los pequeños puedan estar en un centro como éste y como todos los CAPI del Gobierno de Cantabria, donde son atendidos por profesionales, con un ratio de personal superior al exigido por la norma y unas dependencias con unas prestaciones y condiciones inigualables".
