El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este viernes un encuentro en Gijón con colectivos sociales. El acto, que ha contado con centenares de personas, ha tenido como unos de los protagonistas a los afectados por sentencias de derribo, no solo a los de Cantabria, algunos de los cuales se han acercado al acto por la proximidad geográfica, sino a los de toda España. En concreto, más de 300.000 familias, como ha señalado el presidente de CAJU (Coordinadora Nacional de Asociaciones pro-Justicia en el Urbanismo), Antonio Vilela, que también es presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Con su intervención, Vilela ha trasladado directamente a Iglesias, y por extensión a la escena política, la situación de “tremenda injusticia” que viven estos miles de afectados en todo el territorio nacional por la “corrupción urbanística” que les permitió comprar viviendas que ahora la justicia afirma que tienen que ser derribadas, pidiendo además “apoyo para que se condene” a los responsables. En concreto, el presidente de CAJU ha señalado que la situación de irregularidad en la que se encuentran estas viviendas es, en la inmensa mayoría, “responsabilidad directa de las actuaciones de las Administraciones Públicas”, desde ayuntamientos a comunidades autónomas.
Vilela ha considerado “totalmente necesario” dotar de “seguridad jurídica” a los afectados en el ámbito del urbanismo, pues la actual situación en la que se encuentran la sufren “todos los ciudadanos, unos directamente con el miedo a la pérdida de la vivienda, y otros por el destrozo de nuestro medio ambiente”. Asimismo, ha explicado a Iglesias que “las autoridades nos piden perdón” y se aprueban resoluciones, pero la realidad es que “el problema sigue creciendo” y “cada vez son más familias las perjudicadas”.
Por ello, ha detallado al líder de Podemos que AMA, al igual que muchas otras asociaciones en toda España, está formada por familias que “han sido y siguen siendo maltratadas por las administraciones públicas”, ayudando “en todo lo posible” a visibilizar el problema y la “injusticia que sufren desde hace décadas”. Y es que, como ha señalado, estas miles de familias viven con el riesgo de que derriben sus viviendas “sin culpa alguna, y siendo los responsables los que han cometido los ilícitos”, como de hecho señalan las cientos de sentencias que se han producido en los últimos años.
Vilela ha reclamado a Iglesias el “apoyo” político necesario para que “se condene a los culpables de la corrupción urbanística y se haga justicia con las familias que sufren esta injusticia”.
