Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el 35% de los 102 municipios de Cantabria no han cumplido en ese año con la obligación de entregar en tiempo y forma toda la documentación que permite a este organismo fiscalizar la actividad de los ayuntamientos. Con este dato Cantabria se sitúa a la cabeza de las Comunidades más incumplidoras, tan solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
No es la primera vez que los municipios cántabros aparecen en un listado de este tipo del Tribunal de Cuentas. En julio de este mismo año ya señalaba que Santoña y Cabezón de la Sal no habían acreditado las cuentas de 2015, tras realizar una fiscalización de 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes en toda España.
Asimismo, la región vuelve a estar entre las menos cumplidoras un año más. En 2016 otro informe del Tribunal de Cuentas señalaba que tan solo el 47% de las entidades locales de Cantabria rindieron cuentas en 2014 dentro del plazo legalmente establecido.
Dado que la situación se repite en buena parte de las comunidades autónomas del país, el Tribunal de Cuentas ha recordado que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, justificando esta medida en el hecho de que, año tras año, un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.
"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe, en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.
Como recuerda el Tribunal de Cuentas, las entidades locales están obligadas a enviar sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.
INCUMPLIMIENTO
En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades del conjunto del Estado no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.
La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.
DOS TERCIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES
Sin duda, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.
A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90%, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%.
RECETAS IGNORADAS
Ante estos reiterados incumplimientos el Tribunal de Cuentas aporta soluciones que considera prioritarias, entre ellas la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.
También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".
El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.
Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.
