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Meruelo se moviliza de nuevo contra la okupación ilegal de viviendas y convoca una manifestación

Roberto Alonso | 18 de septiembre de 2020

Meruelo en la concetración en protesta de los okupas
Meruelo en la concetración en protesta de los okupas

La iniciativa, prevista para el 26 de septiembre, está pendiente de la aprobación de la Delegación del Gobierno

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá el lunes la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Ministerio del Interior ha eliminado el plazo de 48 horas para desalojar a los okupas recientes
 

Los vecinos de Meruelo vuelven a movilizarse contra la okupación ilegal de viviendas. Por este motivo, la Coordinadora Meruelo sin Okupas ha convocado una manifestación para el sábado, día 26 de septiembre, a las 11:00 horas, que comenzará en el aparcamiento situado junto a la iglesia de San Miguel.

La iniciativa está pendiente del visto bueno de la Delegación del Gobierno en Cantabria y el recorrido será muy corto para que puedan asistir todas las personas interesadas.

El objetivo es protestar contra la okupación de viviendas en el municipio y en el resto del país, al igual que ya hizo este colectivo el pasado día 16 de agosto con una concentración en la plaza ubicada junto al centro cívico y a la que asistieron alrededor de 200 vecinos. 

En aquel momento, la Coordinadora explicó que existían tres viviendas okupadas en Meruelo, dos pertenecientes a bancos y una de propiedad particular, y que además comerciantes y hosteleros sufrieron amenazadas por parte de los okupas.

Meruelo no es el único municipio que sufre la okupación de viviendas en Cantabria. Castillo, en Arnuero; Santoña, Castro Urdiales, Santander, Torrelavega y Argoños sufren, entre otros municipios, el movimiento okupa. En el caso de Cicero, en Bárcena de Cicero, se introdujeron en el Centro de Día y fueron desalojados por un grupo de vecinos.

Y tampoco es el único municipio que se ha movilizado en todo el país. Recientemente, la asociación vecinal de la Urbanización Alto de la Muela Sur, en Aragón, convocó el pasado día 5 de septiembre una concentración para protestar contra los okupas.

Por otro lado, el Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá el lunes, día 21 de septiembre, la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales. El grupo parlamentario del PRC ha registrado esta Proposición No de Ley que ocupa el punto seis el orden del día de la sesión plenaria que comenzará a las 16.00 horas.

En este tiempo ha surgido una novedad desde el Ministerio del Interior, ya que el nuevo protocolo de actuación permite agilizar el desalojo de los okupas. A partir de su aprobación, los agentes de las fuerzas de seguridad pueden intervenir y se elimina el plazo de 48 horas para expulsar a los usurpadores recientes de las viviendas, aunque el Ministerio de Interior no establece ningún plazo legal para devolver la vivienda al legítimo propietario. En caso contrario, el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo indica que para que se produzca un delito reciente se deben dar al menos tres supuestos: inmediatez en la acción, la existencia de pruebas de la presencia del delincuente y una necesidad urgente de intervención policial.

Además, se establece que hay delito de allanamiento de morada tanto en la okupación de primera vivienda como en la segunda residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma inmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas judiciales. De igual forma, se procederá a la identificación de los okupas y se llevará a cabo su detención.

A partir de ahora, los policías nacionales, autonómicos y locales, así como guardias civiles deberán rellenar un atestado que recoja todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión de un delito y la participación de sus presuntos autores. En el contenido de los atestados se puede recoger la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

La medida no será de aplicación en todos los casos de okupación, solo en los de mayor gravedad. En el resto, las fuerzas de seguridad podrán pedir el desalojo cautelar a las autoridades judiciales por medio del Ministerio Fiscal, una vez que se acredite la titularidad del inmueble y expresar su rechazo a dicha ocupación.

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