El Pleno del Parlamento de Cantabria ha instado hoy lunes al Gobierno autonómico (PRC/PSOE) para llevar a cabo las "acciones necesarias, incluida la vía judicial", para reclamar al Gobierno español el "pago urgente" del dinero correspondiente a la última mensualidad del IVA de 2017. Por su parte, los socialistas han asegurado que el Ejecutivo central pagará el IVA pendiente "en julio". Así lo ha afirmado la portavoz parlamentaria del PSOE y secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, durante el debate en el Pleno de una proposición no de ley de Ciudadanos para instar al Gobierno autonómico de emplear todas las vías para reclamar el IVA. Dicha iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos del Parlamento: por los dos partidos del Gobierno –PRC y PSOE– y también por la oposición, que además de por Cs está conformada por PP y por el partido ultraderechista Vox. Aunque todos los grupos han estado de acuerdo a la hora de votar, el debate no ha estado exento de críticas y acusaciones. PSOE y PP se han echado la culpa mutuamente de lo ocurrido con el IVA: el PSOE ha acusado al que fuera ministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, de generar el problema con la modificación que hizo en 2017 del plazo del pago de las autoliquidaciones, mientras que el PP ha acusado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de querer quedarse con el dinero no abonado por el IVA. También algunos grupos de la oposición, como Cs y PP, han aludido a la "disparidad de criterios" que a su juicio ha existido entre PSOE y PRC sobre este asunto.
Cobo: "No va a haber ningún trueque ni cambalache, como auguran algunos mensajes precipitados"
En su intervención, Cobo ha asegurado que "el dinero del IVA va a llegar a las comunidades" y también ha desligado la cuestión de ese pago y la relajación del déficit abordada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes, puesto que, según ha dicho, son "cuestiones independientes". "No va a haber ningún trueque ni cambalache, como auguran algunos mensajes precipitados. El Gobierno pagará el IVA pendiente en julio y, además, propone relajar el déficit autonómico para compensar por los perjuicios que este retraso ha causado a las comunidades autónomas, con la posibilidad de acudir a una financiación extra al 0% de interés, una propuesta que beneficia a Cantabria frente a otras comunidades autónomas que tiene superávit", ha dicho Cobo, que posteriormente ha aclarado a los medios de comunicación que en julio de 2020 se liquida el IVA de 2018, que incluye el de diciembre de 2017. Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado que la postura del Gobierno de Cantabria es "unánime" y ha garantizado que el Ejecutivo reclamará que se le abone el dinero que le corresponde por el IVA "por la vía de la negociación" y, "si hiciera falta", también por la "judicial", algo que "espera" que no sea necesario.
Tras la aprobación de la propuesta, el vicepresidente autonómico y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha señalado en declaraciones a la prensa que ha quedado "claro" el posicionamiento de su partido y del Ejecutivo al exigir el IVA de diciembre de 2017 al Estado con esta iniciativa en el Parlamento, en la que PSOE y PRC han votado –como el resto de grupos– a favor de reclamar "en todas las vías que sean necesarias" la devolución de ese impuesto, que el PP "nos dejó a la espalda" con su "gestión nefasta". Zuloaga ha señalado así que tanto el PSOE como el Ejecutivo urgen "buscar una solución" a este problema, siendo para ello "lo primero la colaboración institucional", para que Estado y comunidad autónoma "articulen las fórmulas necesarias para que el dinero que el Partido Popular nos dejó atrás llegue a Cantabria". Zuloaga también se ha referido al informe encargado a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico para estudiar la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales, iniciativa que "ya está iniciada" pero que "de momento está en eso: en el trabajo jurídico", ha precisado. A partir de dicho informe, "habrá las conversaciones que tenga que haber" entre los departamentos de Economía de ambas Administraciones (Ministerio y Consejería) y "antes de iniciar cualquier vía judicial", ha apuntado.
