La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha enviado este miércoles al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, una carta en la que le comunica nuevas irregularidades detectadas en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS), acompañada de toda la documentación que sustenta la denuncia. En la carta, Buruaga insiste en que quien tiene que investigar las irregularidades es la Intervención General de la comunidad autónoma, por lo que ha remitido también al interventor general, Pedro Pérez Eslava, otra carta –acompañada de la documentación correspondiente– en la que detalla las denuncias y le pide que investigue todas las contrataciones realizadas por el SCS desde el principio de la actual legislatura.
En las cartas, se denuncian “adjudicaciones a dedo a través de un uso fraudulento de la contratación menor” y “recepciones y pagos de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados en los centros”, así como que “un asesor externo que no tiene ninguna relación contractual con el SCS está interviniendo en las contrataciones de suministros, interfiriendo en competencias y suplantando las funciones de los empleados públicos”. Asimismo, se trasladan “serias sospechas de que se están elaborando informes a la carta para dirigir las adjudicaciones en el SCS”.
Así, Buruaga ha denunciado el “desembarco en la sanidad pública de asesores externos vinculados el SCS a través de contratos menores de servicios y asistencias técnicas”, suscritos entre el segundo semestre de 2015 y el último trimestre de 2017 y que suman 117.000 euros. Uno de esos asesores externos, Álvaro Sáenz de Viteri, “tiene un despacho propio en la Gerencia del SCS” y en ese tiempo “ha cobrado del presupuesto de Valdecilla 31.399 euros a través de tres contratos menores bajo el concepto de otros”. “Otras dos personas con idéntico apellido, Sáenz de Viteri, han recibido 53.280 euros más de la Gerencia de Atención Primaria y del Hospital Sierrallana a través de contratos, también menores, de servicios y asistencias técnicas”, es decir que “tres personas con idéntico apellido han recibido en dos años y medio la suma de 84.599 euros de la sanidad cántabra por asesoramientos”.
Además, en las cartas se denuncia que Iralia, Serincopsa y Gardenor, “tres empresas que hasta 2015 nunca habían trabajado para el SCS”, han cobrado en dos años y medio de la Administración sanitaria “más de un millón de euros a través de contratos menores”.
