Los planes del equipo de Gobierno de Piélagos, liderado por la socialista Verónica Samperio, maestra de profesión, siguen adelante en su intención de transformar las escuelas infantiles de Boo y Renedo en guarderías, lo que eliminaría el proyecto educativo que los padres, según han valorado a este diario, ya han reclamado que se mantenga, además de suponer el despido del personal docente y facilitar la contratación de personal no cualificado en una situación más precaria. La propuesta ha sido llevada este jueves al Pleno, donde se ha dado luz verde a la aprobación inicial de la Ordenanza del precio público de estas nuevas guarderías gracias a la abstención del PP y los votos a favor de PSOE y PRC, partidos en el Gobierno, los tres concejales no adscritos y un representante de AVIP.
Esta aprobación es, como ha explicado a este medio el concejal de IU en el Ayuntamiento, Rubén Carrillo, el primer paso de la reconversión en guarderías de las escuelas infantiles. El siguiente, en principio, será sacar a concurso público la gestión de las mismas, ya con un precio fijado. El argumento expuesto para apoyar este cambio es que es una aprobación inicial, y que existe margen para poder realizar cambios, pero siempre dentro de la transformación puesta en marcha este jueves.
La actual empresa concesionaria tiene la obligación legal de prestar el servicio hasta el 31 de julio, de ahí la urgencia por aprobar la creación de las guarderías
Y mientras tanto, los padres afectados poco parece que puedan hacer. De hecho, la medida se ha aprobado un día después de que Samperio y miembros de la corporación hayan mantenido un encuentro con ellos para explicarles los argumentos, todos ellos similares a los expuestos al resto de partidos en la Corporación. Así, desde el equipo de Gobierno aseguran que “no hay otra opción”, y que no se puede crear una sociedad de capital público para gestionar y salvar las escuelas infantiles ante la falta de tiempo, pues fundarla requiere unos seis meses, y tanto las guarderías como el contrato público deben estar listos antes del 1 de agosto.
Según ha explicado Carrillo, la actual empresa concesionaria tiene la obligación legal de prestar el servicio hasta el 31 de julio, de ahí la urgencia. Sin embargo, ha recordado también que el escrito de la empresa por el que renunciaba a la concesión se aprobó en el pleno de abril, habiendo existido reuniones previas, por lo que la situación se conocía desde hace meses.
Ante todo esto, el concejal de IU ha vuelto a reclamar la paralización del proceso y que se “abra una línea de negociación”, algo que ha propuesto en forma de moción para que este tema se aplace hasta el siguiente pleno, algo que finalmente ha sido rechazado. También ha recordado que “no existen informes económicos” que sustenten el cambio de escuelas infantiles a guarderías. Informes que, como ha señalado en el Pleno el concejal de AVIP, José Luis Sañudo, van a tardar todavía dos meses, extremo que ha negado la concejala de Sanidad, Servicios Sociales, Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, Rebeca Lanza.
MISMO PROYECTO
Entre los argumentos esgrimidos por Samperio y los concejales en su reunión con los padres, según han explicado a este diario, se defendió también que “no hay dinero”, al igual que en ocasiones anteriores, y que el edificio, al ser público, no puede tener otros usos.
En este sentido, algunos padres han señalado que la alcaldesa llegó a contradecirse con su propio equipo de Gobierno, pues mientras Samperio defendió ante los afectados que sí existiría un proyecto educativo, los concejales aseguraron que esa opción no era viable.
La abstención del PP en el proyecto del equipo de Gobierno no es la primera vez que los ‘populares’ y los socialistas y regionalistas mantienen posturas similares en este tema. De hecho, el modelo de gestión de las escuelas públicas, construidas por el Ayuntamiento pero con concesión privada, se mantuvo igual tras la llegada del bipartito al gobierno, a pesar de que durante los últimos años han pasado tres empresas por esta concesión, todas ellas renunciando a ella por el mismo argumento: la falta de rentabilidad que ofrecían estos centros, ofertados de forma conjunta en un único contrato público.
