La plataforma de bomberos públicos profesionales (integrada por representantes de los sindicatos USO, CSIF, UGT y CCOO), denunció en el año 2016 la creación de un servicio de bomberos voluntarios “falso y peligroso” en el municipio de Ramales de la Victoria y advirtió al alcalde, César García, “del perjuicio y de la inseguridad” que generaba, pero García –alcalde de Ramales tanto entonces como ahora– “cuestionó” su actitud y manifestó su voluntad de “asumir toda responsabilidad” ante cualquier actuación del servicio.
“No es una competencia que deba ejercer un ayuntamiento como el de Ramales, sino un capricho político de un alcalde”
Bomberos de UGT y CSIF han recordado hoy estos hechos en un comunicado y han pedido la dimisión del alcalde “por permitir, amparar y patrocinar” un servicio de protección civil municipal –al que pertenecía el voluntario detenido anoche como presunto autor de un delito de incendio forestal en el que resultaron afectadas unas 130 hectáreas de arbolado y monte bajo en la Sierra de la Alcomba, en el municipio de Ramales– que “ha resultado ser un fraude y un perjuicio para todos los ciudadanos”. Los sindicatos insisten en que se trata de un servicio de emergencias “falso y peligroso”, al disponer de personal que “en ningún momento ha mostrado sus capacidades físicas, de conocimientos y psicológicas”. Por ello, consideran que García debe dimitir, ya que “no es admisible que las carencias se suplan por sistemas que nada tienen que ver con un servicio de bomberos profesional”, que “garantiza una respuesta eficaz y segura”. Además, “no es una competencia que deba ejercer un ayuntamiento como el de Ramales, sino un capricho político de un alcalde” que “ha llevado a que el jefe de su agrupación de voluntarios sea el presunto pirómano que ha provocado un daño brutal”. Y es que UGT y CSIF consideran que quien pretenda ser bombero debe superar las pruebas físicas, teóricas, técnicas y psicológicas pertinentes, algo que no ocurre con los voluntarios, lo que puede provocar “situaciones de riesgo” para ellos mismos y para la población, derivados de su “inadecuada condición, como parece que es el caso del presunto pirómano”, señalan.
Imagen del detenido como presunto autor de un incendio en Ramales
Los sindicatos recuerdan no obstante que quien tiene la competencia en materia de bomberos en los municipios con menos de 20.000 habitantes –Ramales no llega a 3.000– es el Gobierno de Cantabria, que “debe garantizar” una seguridad universal en Cantabria, ejerciendo “una protección” por bomberos profesionales para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Por ello, consideran que el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, aparte de animar a denunciar a los pirómanos debe “apostar” por invertir en seguridad profesional y “alejarse” de los estándares basados en voluntarios, “para no vernos sometidos a estas situaciones” que el propio Revilla ha calificado de “terribles”.
Por último, UGT y CSIF recuerdan que en 2016 UGT solicitó la creación de parques de bomberos profesionales del 112 en las zonas de Cantabria donde la respuesta profesional “supera los límites lógicos”, como Valderredible y el valle de Soba, con el objeto de mejorar el servicio público y profesional de bomberos y agilizar los tiempos de respuesta. Sin embargo, “el interés político era otro: el patrocinio del parque de bomberos de Camargo a pesar de ser una competencia propia municipal y de producirse un agravio con el resto de los ayuntamientos que pagan sus bomberos al superar los 20.000 habitantes: Castro Urdiales, Santander y Torrelavega”.
