Podemos Castro Urdiales ha criticado la "tibieza" de la sentencia del conocido caso ‘Santa Catalina’ que pone fin a uno de las tramas de corrupción más conocidos del municipio, acontecido hace 20 años.
Para Podemos, la sentencia conocida esta semana es una muestra evidente de que “la ingeniería jurídica de la cúpula judicial ha servido para defender a los corruptos contra los intereses de la ciudadanía castreña”.
Según el Círculo castreño, el resultado de la trama puede resumirse en “un estado de corrupción generalizado en la política castreña de hace dos décadas, con graves repercusiones actuales para las arcas municipales”, en la construcción de un vial que no estaba contemplado en el PGOU y en la pérdida por parte del Ayuntamiento de más de 2.000 m2 de aprovechamientos urbanísticos valorados en 2,4 millones de euros.
Esta semana, el juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha emitido la sentencia de esta causa, abierta por el magistrado Luis Acayro Sánchez en 2008 y llevada a juicio en septiembre de 2017.
En el escrito se condena a Rufino Díaz Helguera, Joaquín Antuñano Helguera, José Miguel Rodríguez López, Salvador Hierro Santurde, Concepción Carranza Ortiz, Santiago Vélez Vitoria y Jaime Díaz Muro, todos ellos exalcaldes y exconcejales de la corporación castreña, como autores de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
Además, César Sáiz Alonso, exsecretario del ayuntamiento, ha sido condenado por cooperador necesario, mientras que el exalcalde Fernando Muguruza Galán ha resultado condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal.
De esta manera, todos los condenados han sido inhabilitados para empleo o cargo público relacionado con funciones en el ámbito municipal entre dos años y seis meses y tres años y seis meses. Asimismo, alguno de ellos ha sido condenado a pagar una multa de 2.1000 euros que para Podemos es “una cantidad ridícula”.
La sentencia también les condena a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Castro Urdiales con 282.371,79 euros, y a abonar las costas procesales que a cada uno les corresponda. Así, todos ellos han resultado beneficiados por la atenuante muy cualificada de dilación indebida de la justicia, por el retraso de una década en la celebración del juicio.
Caso ‘Santa Catalina’
El caso ‘Santa Catalina’ fue incoado por el juez Acayro Sáchez como un delito de prevaricación en el desarrollo urbanístico de la zona conocida como Unidad de Ejecución 1.34, por irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008, que supusieron la pérdida por parte del ayuntamiento castreño de 2.000 m2 de terreno destinado a equipamientos públicos y la apertura de una calle que no estaba recogida en el PGOU. Estas actividades delictivas hicieron que el consistorio castreño dejara de percibir una cantidad de 2,4 millones de euros y que el fiscal reprochase al propio Ayuntamiento por no haber ejercido como acusación particular ante esta situación de claro menoscabo de su patrimonio.
Para Podemos Castro Urdiales dos personas han resultado “claves” para que este juicio comenzara a diseñar el mapa de “qué papel desempeñaron políticos y técnicos en la época tenebrosa del desmadre urbanístico castreño”: el exinterventor municipal Fernando Urruticoechea Basozábal y el magistrado Luis Acayro Sánchez Lázaro.
“Los equipos de gobierno que dirigieron el ayuntamiento castreño durante el máximo apogeo del ladrillazo inmobiliario desoyeron los cientos de reparos que el exinterventor presentó durante su etapa laboral en el Ayuntamiento castreño”, afirman desde Podemos en su comunicado, en el que también critican que “algunos jueces desestimaron todas sus denuncias y fue vilipendiado y difamado por todos los grupos políticos con representación municipal”.
Asimismo, la formación morada denuncia que la estancia del magistrado Acayro en el juzgado nº 2 de Castro Urdiales “resultó cualquier cosa menos placentera”. “A los continuos ataques personales que soportó durante ese período, se añadió una condena de inhabilitación por parte del TSJC, anulada poco después por el Tribunal Supremo, que calificó su actuación de impecable”, explican.
Así, aseguran que estos dos funcionarios públicos “defendieron los intereses municipales con más esmero que casi todos los técnicos locales y todos los partidos políticos con representación en el Consistorio” y, sin embargo, “han pagado un alto precio personal y social, mucho más elevado que todos los corruptos”.
De esta manera, reprochan que la justicia, “que tan rápida condenó en primera instancia al juez Sánchez Lázaro y tan cicatera fue para atender las denuncias de Urruticoechea Basozábal”, ha sido especialmente diligente “dilatando el tiempo de celebración de los juicios y favoreciendo de este modo la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilación indebida de la justicia”.
Por ello, consideran que ambos funcionarios “merecen un reconocimiento explícito a sus desvelos y sufrimientos”.
Por último, Podemos cree que la sentencia de Santa Catalina “no augura un futuro nada halagüeño para el gran caso de la corrupción urbanística castreña” como es el caso ‘La Loma’, y piden que el presidente del TSJ de Cantabria debería aclarar “si hay dilación indebida en este caso, que lleva dos años aparcado en el baúl de los recuerdos esperando fecha de apertura oral”.
