jueves. 28.03.2024

El Pleno del Parlamento regional ha aprobado este lunes por unanimidad una moción del PP para instar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a "cumplir y hacer cumplir" la Ley sobre prevención y extinción de incendios, respetando las competencias de cada Administración, y "promover y mantener" un Sistema de Atención de Emergencias "sostenible, eficiente y de calidad" que fomente la colaboración con los municipios con competencia propia, que son los de más de 20.000 habitantes.

Pese a que esta iniciativa ha contado con el 'sí' de todos los grupos parlamentarios, el debate de la moción no ha estado exento de cruces de declaraciones entre los grupos, principalmente entre PP y PSOE, que se han culpado de la situación generada con el servicio de extinción de incendios y prevención de incendio en Camargo, municipio que a pesar de tener más de 20.000 habitantes carece de un servicio como el que le exige la Ley.

Mientras populares y socialistas se han echado la culpa de la situación en este municipio, donde no hay un servicio profesional propio y donde quedó clausurado la agrupación de voluntarios de protección civil, Ciudadanos y Podemos se han quejado de que ninguno de los dos partidos han solucionado el problema en las épocas que han estado al frente de dicho ayuntamiento.

Populares y socialistas se han echado la culpa de la situación en Camargo, donde no hay un servicio profesional propio y donde quedó clausurado la agrupación de voluntarios de protección civil

A pesar de ello y de dudar de la utilidad de la iniciativa, Ciudadanos y Podemos han votado a favor puesto que en la moción de los 'populares', subsiguiente a una interpelación debatida en el Pleno de la pasada semana, se pide cumplir la Ley.

También han dicho 'sí' a la iniciativa el PSOE y el PRC pese a criticar a los 'populares' por exigir lo que, según han dicho, no han hecho cuando han gobernado en Cantabria y en Camargo.

"Consejos vendo que para mí no tengo", ha resumido el diputado socialista Guillermo del Corral, quien se ha mostrado "seguro" de que no será necesario que el Gobierno haga cumplir la Ley al Ayuntamiento de Camargo, y también al de Piélagos, y ha confiado en que ambos municipios van a encontrar la forma "más efectiva" para prestar este servicio a los vecinos.

Por su parte, la regionalista Rosa Valdés, de forma irónica, ha dado a los 'populares' la "bienvenida" por apostar ahora por el servicio de protección civil que, según ha dicho, los regionalistas han "defendido" desde la oposición y "practicado" cuando están en el Gobierno.

Se ha quejado de que el PP se sume después de una legislatura en la que, a juicio de la diputada del PRC, el Gobierno presidido por Ignacio Diego (PP) entre 2011 y 2015, provocó un "retroceso" en este servicio en una etapa que, según ha dicho, se caracterizó por la "desinversión" en el servicio; la "falta de planificación" y de "colaboración y coordinación" en materia de emergencias.

Valdés ha acusado al PP de haber tratado el Servicio de Protección Civil "como un valor de mercado" y "no como un servicio a las personas".

Accesibilidad a edificios públicos

También ha salido adelante en el Pleno de este lunes, el último antes del parón por las elecciones generales del 26 de junio, una proposición no de ley del PRC para pedir al Ejecutivo regional que financie "de manera prioritaria" aquellos proyectos de obras o servicios cuyo objetivo sea la mejora de la accesibilidad en los edificios públicos municipales, sobre todo si son la sede de los ayuntamientos.

Además, se reclama incluir como requisito para la financiación de proyectos a los ayuntamientos la acreditación del cumplimiento de la accesibilidad para las personas con discapacidad y establecer un acuerdo con la Federación de Municipios de Cantabria para estudiar el estado de la accesibilidad de los edificios públicos municipales de la comunidad autónoma.

La iniciativa ha salido adelante con el 'sí' de todos los grupos a excepción del PP, que se ha abstenido, al considerar que la iniciativa del PRC ofrece "vías de escape" al Gobierno regional para primar la accesibilidad solo "cuando le interesa".

El PP presentó una enmienda de modificación que no ha sido aceptada por el PRC, lo mismo que la presentada también por Podemos.

Los 'populares' reclamaban que la concesión de la financiación y ejecución de los proyectos de obras o servicios competencia de entidades locales esté sometida a un régimen de concurrencia competitiva y sea resultado de una convocatoria pública previa que recoja los criterios para poder concurrir a esta financiación.

También pedía el PP que fuera el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) el que emitiera un informe acreditando que los proyectos que se presenten para la obtención de financiación se adecuan a las normas reguladoras de accesibilidad.
Consejo Social

El Pleno también ha elegido, por asentimiento, a los cuatros miembros del Consejo Social de la Universidad de Cantabria que elige directamente el Parlamento regional.

Así, han sido designados Javier López Estrada (primer teniente de alcalde de Torrelavega y edil del PRC en dicho ayuntamiento); Juan Parés (consejero delegado de Textil Santanderina); Isabel Fernández (alcaldesa de Cabezón de la Sal), y Ángel Toca (investigador y doctor en Historia de la Ciencia), propuestos por PRC, PP, PSOE y Podemos, respectivamente.

Según la normativa, los elegidos deben ser personas de "reconocido prestigio" en ámbitos como cultural, científico, artístico o político.

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