El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado a través de un comunicado que el Gobierno regional decidirá si procede adoptar medidas sobre las contrataciones realizadas por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) "cuando los informes encargados al respecto sean definitivos" y proceda a su presentación la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en cumplimiento del mandato que le fue encomendado por el propio Ejecutivo en su reunión del pasado 26 de abril.
Así lo ha anunciado este domingo el líder del Ejecutivo, después de que Podemos, el Partido Popular e Izquierda Unida hayan exigido el cese inmediato de la consejera tras conocerse que la Intervención General de la Comunidad Autónoma ha detectado "importantes irregularidades" en la contratación del SCS.
En su escrito, Revilla ha explicado que el procedimiento de investigación encargado por el Consejo de Gobierno "aún no está culminado" y se encuentra a la espera del informe definitivo que Real debe presentar al Consejo de Gobierno. A partir de entonces, ha asegurado, "el Gobierno decidirá si procede adoptar medidas para asegurar el rigor y la transparencia en la gestión y prevenir cualquier posible irregularidad".
Después de requerir esta misma mañana explicaciones a la consejera ante las informaciones publicadas este domingo por el Diario Montañés, en las que se asegura que Intervención ha detectado en dichas contrataciones prácticas "prohibidas por ley", como el fraccionamiento de contratos para "vulnerar la ley y adjudicar a dedo", pagos de obras antes de que se hayan terminado y el uso de bienes que no habían sido recepcionados, el presidente ha señalado que el informe encargado a instancias del Ejecutivo a la Intervención General "no es definitivo" y se encuentra a expensas de las alegaciones que pueda presentar el SCS.
Revilla ha urgido a la socialista a impulsar un informe definitivo "en el plazo más breve posible"
No obstante, y dada la "alarma social" que generan este tipo de situaciones, ha urgido a la socialista a impulsar un informe definitivo "en el plazo más breve posible", dado que el Ejecutivo "no estará en condiciones de tomar decisiones hasta que el procedimiento esté concluido".
Revilla ha recalcado que el Gobierno está actuando "con absoluta responsabilidad" y ha tomado decisiones "desde el primer día", siempre acordes con "los procedimientos administrativos y la legalidad vigente", y ha subrayado que “debe ser respetuoso con los procedimientos y actuar en base a informes concluyentes", en respuesta a las formaciones políticas que han requerido su intervención tras conocer la noticia.
PP, IU Y PODEMOS EXIGEN EL CESE INMEDIATO
Esta misma mañana, el Partido Popular de Cantabria e Izquierda Unida de Cantabria han exigido el cese inmediato de la consejera de Sanidad, tras la publicaciones de las citadas informaciones.
Se trataría de las mismas irregularidades que tanto el PP como IU han denunciado ante la Fiscalía tras hacerse público el correo electrónico enviado por la jefa de Contratación del SCS a la consejera denunciando estas prácticas.
El portavoz del PP cántabro, Iñigo Fernández, ha afirmado que Real está totalmente "intoxicada" por este caso y "debe dimitir hoy o ser cesada mañana mismo" por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que "no puede seguir mirando para otro lado por más tiempo".
En el escrito remitido a los medios, el diputado ‘popular’ recuerda que "la consejera está reprobada por el Parlamento y está contaminada por su implicación en el escándalo. No puede seguir ni un día más", ha dicho, subrayando que el informe de la Intervención General publicado por el citado medio "ratifica todas y cada una de las irregularidades denunciadas por el PP y deja en evidencia a la consejera de Sanidad".
"El informe lo deja todo claro: no fue una campaña orquestada por el PP, sino una trama para amañar contratos saltándose la ley y los procedimientos de contratación", ha señalado el portavoz popular, para quien Real "está inhabilitada para dirigir la sanidad pública después de haber ignorado e intentado tapar la denuncia de la jefa de Contratación del SCS sobre irregularidades en el servicio".
Iñigo Fernández afirma que Real está totalmente "intoxicada" por este caso
Le dijimos a la consejera que este escándalo le iba a llevar por delante y cada día está más claro. Conoció las irregularidades y no hizo nada por evitarlas. Intentó ocultarlas. Maniobró para que nadie supiera de ellas. Ha tratado de ocultar y tapar todo. Ha ligado su suerte a la de los responsables de la tramitación de esos contratos. Ya no tiene escapatoria", ha dicho Fernández.
Según el portavoz del PP de Cantabria "alguien tiene que asumir responsabilidades políticas y esa persona es María Luisa Real. O dimite ella misma o Revilla tiene que cesarla. Cantabria no puede tener como consejera de Sanidad a una encubridora de irregularidades e ilegalidades. Y, si ella no se va, Revilla no puede seguir mirando para otro lado".
Por su parte, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha pedido la dimisión de Real por “incumplir la ley” en el SCS. Un cese que a su juicio "debe promover su máximo valedor", el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga.
Martínez advierte que "el problema es más grave que cuatro contrataciones". "Estamos ante un ejemplo de irregularidades institucionalizadas", denuncia la coordinadora autonómica de IU, quien añade que "el PSOE ha hecho que las irregularidades en las contrataciones sean estructurales y el órgano fiscalizador habla de incumplimiento de la Ley", apostilla.
En su opinión, "Zuloaga no puede mirar para otro lado porque, además de hacerse las fotos siendo delegado del Gobierno, es el máximo valedor del PSOE en Cantabria, incluidos los cuatro consejeros de su ramo".
Y añade que "en su lucha cainita dentro del PSOE no le ha temblado el pulso para cesar a miembros del Gobierno que no eran próximas a él y creemos que el cumplimiento de la ley en materia de sanidad pública es un motivo mucho más importante para apartar a quien no ha ejercido como debiera su cargo", ha sentenciado.
Asimismo, la coordinadora de Izquierda Unida cuestiona la legitimidad del Ejecutivo tras este asunto y se pregunta “¿con qué argumentos se van a dirigir a cualquier colectivo a exigirles un cumplimiento de la legalidad que ellos mismos parecen incapaces de llevar a cabo?".
Por último, Leticia Martínez ha recordado al presidente cántabro "sus abundantes discursos contra la corrupción y la mala gestión de todo el mundo" y le ha dicho que "ahora toca mirar a su propia casa y actuar para prevenir". A la vez, ha dicho que varias consejerías regionalistas "también están bajo la sospecha del fraccionamiento de contratos".
Por la tarde, Podemos se sumaba a las peticiones de cese "inmediato", recordando que en las resoluciones del Debate de Orientación Política (DOP) del pasado mes de junio, el Parlamento ya había exigido el cese de Real, y que el presidente Miguel Ángel Revilla se había comprometido a actuar con contundencia "si había algo raro". Además, se exige al Ejecutivo cántabro el traslado a la Fiscalía de todos los contratos irregulares y de las prácticas "prohibidas" detectadas.
IU exige a Zuloaga que promueva el cese de Real
"Se ha analizado una pequeña muestra -menos de cien contratos- y se han detectando numerosas irregulares, lo que es un síntoma más de lo que venimos denunciando públicamente desde hace tiempo, que el sistema de contratación irregular fue generado por el PP del imputado César Pascual y mantenido por el PSOE", ha criticado el diputado José Ramón Blanco.
En su opinión, la "sanidad en Cantabria ha sido abandonada por PP y PSOE". "Hemos visto al PP en el Gobierno negar la financiación de Valdecilla y al gerente de Atención Primaria del PSOE, mientras su Gobierno señala la falta de fondos, darse comidas con sus directivos de 5.000 euros con dinero público. Es escandaloso que se paguen 235.000 euros a la Hostería de las Caldas sin que exista contrato o que no oculte sin publicar en el BOC la comida de Atención Primaria", denuncia Podemos en un comunicado de prensa.
Ante este cúmulo de circunstancias, Podemos considera que debe exigirse responsabilidades políticas a la consejera y las responsabilidades judiciales que correspondan tanto al gerente de Atención Primaria como a los otros dos directivos de su confianza que dimitieron el pasado mes de mayo.
REAL INSISTE EN QUE LAS CONTRATACIONES “SE ADECÚAN A LA NORMATIVA”
A última hora de esta tarde la consejera de Sanidad se pronunciaba sobre las informaciones en un comunicado en el que expresaba que el informe provisional firmado por la interventora, la jefe de área, la subdirectora de control financiero y el interventor general, y remitido al SCS para la presentación de las correspondientes alegaciones, señala que los procesos de contratación y tramitación “se adecúan, en general, a la normativa vigente”.
Real también ha advertido que el contenido de dicho informe “no parece corresponderse” con el publicado en la prensa, añadiendo que el que está firmado por los interventores y remitido al SCS para sus alegaciones, y se ha mostrado su sorpresa por la posible filtración del documento provisional.
Respecto a la petición de responsabilidades políticas, Real ha apuntado que la máxima responsabilidad que se puede pedir a un cargo directivo, es la dimisión o el cese, algo que ya ha ocurrido con el subdirector del SCS responsable de la contratación administrativa, y el de su jefe inmediato, el gerente del SCS.
Real advierte que el contenido del informe "no parece corresponderse" con el publicado en la prensa
“PRESUNTOS ERRORES O INCIDENCIAS”
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, comparecía el pasado mes de mayo en la Comisión de Sanidad del Parlamento para dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por la jefa de contratación del SCS en un correo electrónico de febrero que se conoció en abril.
Durante su intervención, Real rechazaba que existiese corrupción en el Servicio Cántabro de Salud y aseguraba que no había "ningún aprovechamiento económico ni de otro tipo" por parte de los gestores del servicio en los procedimientos de contratación, a la vez que acusaba al PP de abrir una "causa general y desprestigiar la gestión integral de toda la contratación del SCS”.
En dicha Comisión la titular del ramo recalcó que "una cosa son presuntos errores o incidencias y otra cosa bien distinta es hablar de corrupción sin el más mínimo indicio; una acusación tan grave debería soportarse al menos en una mínima prueba, pero parece que vale todo, hasta negar la presunción de inocencia”.
Unos días antes, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, defendía en el Pleno del Parlamento que su Gobierno ha actuado de una forma "impecable, con una minuciosidad exquisita y conforme a la ley" tras las denuncias sobre estas presuntas irregularidades”.
El también líder del PRC aseguró en ese momento que la propia consejera de Sanidad sería “la primera en depurar responsabilidades si las hay". Una petición que ahora hacen desde el PP e IU.
