El Pleito Viejo acaba a finales de la Edad Media –1438– con una sentencia favorable al marqués de Santillana frente a los vecinos de las Asturias de Santillana, pero años más tarde un pleito similar con sentencia favorable a los del Valle de Carriedo anima a los concejos de las Asturias de Santillana a reabrir su causa a través del Pleito de los Valles, que acaba ya en la Edad Moderna –1581– con una sentencia esta vez sí favorable a los vecinos, y los nueve valles litigantes –Alfoz de Lloredo, Cabezón, Cabuérniga, Camargo, Cayón, Penagos, Piélagos, Reocín y Villaescusa– deciden crear la Provincia de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana, que durante dos siglos les permitirá actuar unidos e ir integrando nuevas jurisdicciones. Ese siglo XVI también supone la irrupción y consolidación de la teoría del vascocantabrismo, que identificaba a montañeses, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses –y unas veces sólo a vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses y otras a vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses y navarros– como los descendientes de los cántabros que se enfrentaron al Imperio romano en las Guerras Cántabras, tanto que a principios del XVII el austria Felipe III constituye la Armada de Cantabria, integrada por las de Guipúzcoa, Vizcaya y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar –San Vicente, Santander, Laredo y Castro– y a principios del XVIII el borbón Felipe V constituye el Regimiento Cantabria, integrado sólo por soldados vascongados, es decir vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Sin embargo, la publicación primero de Crónica de los príncipes de Asturias y Cantabria (1681), del benedictino Francisco de Sota, y después y sobre todo de La Cantabria (1768), del agustino Henrique Flórez, revierten la situación y consolidan ya definitivamente la teoría del montañocantabrismo frente a la del vascocantabrismo.
En el nivel inferior están los concejos, la inmensa mayoría, abiertos, y una pequeña minoría, cerrados
Pese al renacido interés por reivindicar la ascendencia cántabra de los habitantes de las entonces Peñas de Amaya fasta la Mar y por recuperar el corónimo Cantabria, en la Edad Moderna –siglos XVI, XVII y XVIII– la organización territorial de los cántabros sigue caracterizándose por la fragmentación, la heterogeneidad y la multiplicidad de jurisdicciones, algo no exclusivo de Cantabria pero que contrasta con la de sus territorios vecinos del este –Señorío de Vizcaya– y del oeste –Principado de Asturias–. Tres niveles articulan esa heterogénea organización territorial de Cantabria en la Edad Moderna. En el nivel inferior están los concejos, que rigen el día a día de cada núcleo de población; la inmensa mayoría, abiertos –típicos del mundo rural y en los que participan directamente todos los vecinos, reunidos normalmente bajo las quimas de una vieja cajiga–, y una pequeña minoría, cerrados –en los que sólo participan ciertos cargos electos–, que se convierten en abiertos si se considera necesario. En el nivel superior están los corregimientos, establecidos por la Corona para controlar los diferentes territorios y con un corregidor al frente ejerciendo funciones administrativas, fiscales, judiciales y militares. Y en un nivel intermedio están las juntas, valles, hermandades o alfoces y las juntas generales, creadas para defender las formas de gobierno tradicionales de las diferentes comarcas, tener voz ante la Corona –al no contar con representantes propios en las Cortes– u organizar la defensa de sus territorios con sus propias milicias; las principales son la de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, la de Trasmiera, la de Liébana o la de los Nueve Valles, germen de la que será la Provincia de Cantabria.
En cuanto a la población, la gran mayoría son campesinos que habitan en pequeños pueblos y aldeas y viven de una agricultura y ganadería de tipo familiar –la llegada del maíz en el siglo XVII mejora sustancialmente sus condiciones de vida–, constituyendo los pescadores –con pinazas y chalupas en el propio Mar Cantábrico o con galeones y balleneros en el Mar de Irlanda o en Terranova– y los artesanos y comerciantes una pequeña minoría que habita en villas –las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, Suances, Comillas, Santillana, Reinosa, Potes...– de tamaño como mucho medio. A ambos se suman trabajadores de actividades preindustriales vinculadas a lo textil, a la molienda o al hierro y una pequeña nobleza venida a menos que suele acabar en la milicia, en la marina de guerra o en la Corte. En el siglo XVII la Corona pone en marcha por un lado un complejo metalúrgico en Liérganes/La Cavada para producir hierro colado que abastecerá de cañones y munición a la Armada y al Ejército españoles durante siglo y medio y por otro lado los Reales Astilleros de Guarnizo, en Astillero, y de Falgote, en Colindres, para construir grandes buques destinados a la Armada; una fábrica y unos astilleros que provocan talas masivas de bosques, una brutal deforestación que afecta a buena parte del territorio cántabro, que ve modificado su ecosistema y su paisaje.
“Intentaron domesticar la mentalidad campesina en jornadas fijas de trabajo, pero chocaron con la inadaptación de los indígenas”
“Con las Reales Fábricas se dio uno de los primeros pasos en la introducción del método de producción capitalista en Cantabria en lo referente a formas de organización, salarios o disciplina laboral”, advierte el historiador Diegu San Gabriel, que asegura que “intentaron domesticar la mentalidad campesina en jornadas fijas de trabajo, pero, como les ocurrió a los colonizadores en el Caribe, chocaron con la inadaptación de los indígenas”. San Gabriel explica que en cualquier caso, aquello “no fue fuente de riqueza sino de escasez, por apropiarse la monarquía del comunal que abastecía a las familias de la zona” y destaca que “aunque actualmente se loa y conmemora, en la época provocó un permanente estado de protesta de concejos y poderes locales, derivando en pleitos en los tribunales pero también en sabotajes y enfrentamientos campesinos con las tropas reales”.
El siglo XVIII supone el despegue definitivo de Santander, que se alza sobre las otras tres Villas de la Costa de la Mar –San Vicente, Laredo y Castro–, consolidándose como el punto central del territorio cántabro en lo económico, en lo político, en lo administrativo y en lo religioso. En 1749 arrancan y en 1753 se concluyen las obras del Camino Real, que conecta la todavía villa costera con Reinosa, salvando la Cordillera Cantábrica y facilitando de forma nunca vista el tránsito de viajeros y sobre todo de mercancías –fundamentalmente lana castellana destinada a la exportación al norte de Europa a través del puerto de Santander y harina– entre ambas villas. En 1754 se crea la Diócesis de Santander –que abarca el territorio de Asturias de Santillana, Trasmiera, Pas, el Valle de Mena y las Encartaciones– al ser desgajada de la de Burgos, en 1755 Fernando VI concede a la villa el título de ciudad y Carlos III la autoriza a comerciar en 1765 con las Antillas –terminando parcialmente con el monopolio sevillano/gaditano, vigente desde el siglo XVI– y en 1778 con toda la América española, creándose en 1785 el Real Consulado de Mar y Tierra de Santander. En esta segunda mitad del siglo XVIII, Santander asiste a un espectacular aumento de su población, al inicio de las obras de reforma y ampliación de sus muelles y a la modernización de su trazado urbano con la construcción de su primer ensanche, en el que se instala una emergente burguesía comercial, en buena medida procedente de Castilla y otras tierras peninsulares, que acaba tomando las riendas de la pujante y próspera ciudad, sustituyendo a los antiguos linajes de origen medieval.
“La hidalguía explicará que la estructura parcelaria esté compuesta por pequeños propietarios de vocación ideológica conservadora”
“Esta etapa configuró los rasgos decisivos de la sociedad del Antiguo Régimen en Cantabria y, desde una perspectiva estratégica, estableció un distinto ritmo entre los ámbitos urbanos de la costa y un mundo rural definido por las relaciones sociales de carácter señorial”, destaca el historiador Manuel Alegría. “Sin que esto obste una diferenciación socioeconómica y de estatus interna, la hidalguía, es decir el carácter nominalmente noble de gran parte del campesinado, explicará que, con las transformaciones económicas posteriores –con la introducción de las primeras prácticas capitalistas–, la estructura parcelaria esté compuesta por pequeños propietarios de vocación ideológica conservadora”, añade. “Fruto de ese carácter nobiliario y posiblemente consecuencia también de prácticas culturales de raíz antigua –céltica, de la Cantabria de la Antigüedad–, se conformaron instituciones de decisión propias del Antiguo Régimen, anteriores a los cambios que el liberalismo impondrá a partir del siglo XIX y que conformarán la peculiares formas del particularismo cántabro, como por ejemplo los concejos o las behetrías, que más tarde serán objeto de la idealización que de ciertos elementos del pasado realizarán las versiones culturales del cantabrismo conservador”, explica Alegría.
Después de varios intentos de unidad administrativa y jurisdiccional rechazados por la Corona –los principales, en 1727 y en 1755– y como respuesta a nuevos desagravios que espolean a todas las jurisdicciones, la Provincia de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana –que se había creado fruto de los pleitos y de una colaboración que durante siglos aunó voluntades entre territorios jurisdiccionalmente independientes pero etnográficamente homogéneos– convoca a los distintos territorios cántabros para el 21 de marzo de 1777 en la Casa de Juntas de Bárcena la Puenti (Puente San Miguel) “para unirse y acompañarse”. Allí se establecen las bases para la unificación jurisdiccional con las competencias de la futura Provincia de Cantabria, que tras ser debatidas en cada valle son aprobadas en la Casa de Juntas el 28 de julio de 1778, proclamándose las Ordenanzas de Cantabria, que firman los nueve valles y otras jurisdicciones del oeste y del sur. Aunque este tercer intento acaba siendo tan infructuoso como los anteriores –la implantación definitiva de las reformas liberales impide que la Provincia de Cantabria cumpla sus fines–, el 28 de julio de 1778 demuestra la voluntad inequívoca de los cántabros de unir todas las jurisdicciones ubicadas entre el Principado de Asturias y el Señorío de Vizcaya en una única jurisdicción bajo el nombre de Cantabria, culminando así un proceso impulsado desde hace siglos desde los concejos y valles, con lo que tiene de reivindicación de los privilegios de las élites rurales en un contexto de superación del Antiguo Régimen.
El nuevo ente administrativo encuentra un obstáculo en Santander, villa que había adquirido el estatus de ciudad 23 años antes
Las Ordenanzas de Cantabria insisten muy especialmente en invitar a los territorios que no asistieron a la histórica Junta del 28 de julio de 1778, contemplando la posibilidad de que se agregaran a la nueva Provincia de Cantabria, a la que en los años siguientes se integran otros valles, además de Pas y Torrelavega. Sin embargo, el nuevo ente administrativo encuentra un obstáculo en Santander, villa que había adquirido el estatus de ciudad 23 años antes. Acontecimientos posteriores al 28 de julio de 1778 truncan el crecimiento y la consolidación de la Provincia de Cantabria –que no su funcionamiento– y en 1801 se crea la Provincia Marítima de Santander –que integra el Corregimiento de las Cuatro Villas y las jurisdicciones inscritas en él, incluida la Provincia de Cantabria–, que tiene una vida efímera –hasta 1803– pero cuyo perímetro va acotando el que culminará años más tarde con la integración de buena parte de los territorios de la Cantabria histórica.
“Pese a reconocerse actualmente como el embrión de las actuales instituciones autonómicas, la Provincia de Cantabria de 1778 fue un proyecto que responde a intereses distintos de los de la monarquía borbónica absolutista, la alta nobleza castellana y la pujante burguesía comercial”, pues “además de denunciar la pobreza económica del país o de rechazar las contribuciones a la Iglesia, la Monarquía y el Ejército, planteaba elegir autónomamente al corregidor –que en el resto de provincias era de designación real–, por lo que finalmente no obtuvo el beneplácito de Carlos III”, destaca San Gabriel. “Aun así, las Juntas siguieron reuniéndose de forma endógena hasta 1815”, añade.
“No es descartable que al menos algunos de los junteros de 1778 se identificasen con los principios ilustrados”
“Es motivo de debate, como sostiene parte de la historiografía, el carácter reactivo de la Provincia de Cantabria creada en Bárcena La Puenti en 1778, pues está por realizar el estudio de la extracción social y la vocación ideológica de los junteros y no es descartable que al menos algunos de ellos se identificasen con los principios ilustrados”, apunta Alegría, que no obstante destaca que en todo caso “1778 se inscribe en un contexto de paulatina autonomización de los resortes decisorios de la Cantabria de finales del Antiguo Régimen, previa a las transformaciones liberales, respecto al control burgalés y castellano” y al mismo tiempo “indica una voluntad indudable de unidad de los fragmentados territorios de la Cantabria histórica”.
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