Los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación (STEC, ANPE, TU, CC.OO y UGT) han rechazado este miércoles en bloque el protocolo de la actividad educativa en la comunidad autónoma de Cantabria para el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria, que plantea la Consejería que dirige la regionalista Marina Lombó. Dicho protocolo podría publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del viernes, 7 de agosto, y no están previstas nuevas reuniones de la Mesa para abordar este asunto tras el encuentro mantenido este miércoles, según han explicado varios de estos sindicatos en declaraciones a Europa Press.
Fuentes de los sindicatos han explicado a esta agencia que el principal motivo de este rechazo ha sido las ratios que se plantean en dicho protocolo que, según ha asegurado, llegan incluso a los 25 alumnos por aula en el caso de Secundaria y Bachillerato, y están por encima de las cifras de las que habla el Ministerio que dirige Isabel Celaá. Las organizaciones consideran que con estas ratios no se podrían guardar la distancia de seguridad en las aulas.
Tampoco ven suficientes los docentes que la Consejería plantea contratar con la parte de lo que le corresponde a Cantabria del fondo de 2.000 millones
Además, tampoco ven suficientes los docentes que la Consejería plantea contratar este curso con la parte de lo que le corresponde a Cantabria del fondo de 2.000 millones de euros aprobado por el Gobierno central y que repartirá entre las comunidades para educación, dinero que forma parte del fondo de 16.000 millones no reembolsable del Ejecutivo. Jesús Aguayo, integrante de STEC, ha explicado a Europa Press que Cantabria recibiría de esos 2.000 millones, con lo que, a su juicio, se podrían contratar más de 400 docentes y ha criticado que los que plantea contratar este curso la Consejería no llegan a los 180. Los sindicatos han criticado también que no se han tenido en cuenta sus aportaciones para la elaboración de este protocolo.
ANPE ha explicado en un comunicado que ha solicitado una reducción de ratios a un máximo de 15 alumnos por aula, excepcionalmente 20, de acuerdo con las recomendaciones de los Ministerios de Sanidad y Educación de fecha de 22 de junio, y con la ya citada Resolución de 14 de julio. También ha reclamado la contratación del profesorado necesario en Infantil y Primaria, con carácter de plazas vacantes (para todo el curso), al igual que en el resto de cuerpos, y no como sustituciones, algo en lo que también ha incidido TU en declaraciones a esta agencia. ANPE ha reclamado que se abonen cuanto antes los gastos efectuados por los centros educativos hasta ahora para la preparación de los centros ante la pandemia.
También ve necesario regular las condiciones de trabajo en la enseñanza online y el derecho a la desconexión digital de los docentes para evitar jornadas de trabajo "de más de 14 horas sin distinguir días lectivos, festivos o fines de semana". ANPE ha mostrado su desacuerdo con la obligatoriedad de ir a trabajar al centro educativo en caso de confinamiento. El sindicato exige que se concrete oficialmente la posible obligatoriedad -y los problemas técnicos y legales que, a su juicio, pueden surgir- para impartir las clases por vídeo en streaming.
También ha pedido que la reapertura de los centros en septiembre debe garantizar el cumplimiento de todas las medidas preventivas frente al COVID-19 y, a la vez, tiene que ser compatible con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ANPE exige instrucciones "claras y criterios" unificados para abordar la actividad docente en el próximo curso. "De ningún modo queremos que se reproduzca el sentimiento de abandono, cansancio e incertidumbre que han tenido los docentes durante este final de curso escolar".
A la reunión de la Mesa Sectorial ha asistido la consejera de Educación, la regionalista Marina Lombó; el director general de Personal Docente y Ordenación Académica de la Consejería, Javier Gutiérrez Herrador.
