La noticia del cierre y liquidación de la fábrica de Sniace en Torrelavega ha supuesto un duro golpe para los 450 trabajadores de la empresa y para una comarca muy golpeada por la crisis y el desempleo. Gobierno y dirección de la compañía han achacado lo ocurrido a una “decisión política y quizás ideológica”, y “decisiones drásticas”, del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, dando al trate a un proyecto que, en palabras de la presidenta de Sniace, Gema Díaz Real, vivía un “momento muy ilusionante”.
Sin embargo, antes de conocerse la decisión de la empresa, incluso antes de conocerse que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización de Sniace en Bolsa, los integrantes del comité de empresa se habían encerrado por el impago de la última nómina. Y es que la situación de la empresa en los últimos años ha estado marcada por balances negativos, un juicio contra el anterior Consejo de Administración y un reciente ERTE para toda la plantilla, así como una ampliación de capital que no alcanzó los objetivos.
De hecho, en noviembre las acciones de la empresa se desplomaban casi un 6% en Bolsa al multiplicar por más de cuatro sus ‘números rojos’, registrando pérdidas de 11,32 millones de euros y un saldo negativo de 3,78 millones en los primeros nueve meses del pasado año. No era la primera vez que Sniace vivía esa tendencia en 2019. En octubre había registrado 5,9 millones de euros en pérdidas. La compañía comenzó además el año con mal pie, perdiendo 3,7 millones de euros en los tres primeros meses y aumentando un 39% las pérdidas respecto al mismo periodo del año anterior.
La propia CNMV calificó la ampliación de capital de Sniace de “incompleta”
En este último año Sniace ha vivido también un proceso de ampliación de capital de 32,6 millones de euros que, a pesar de contar con nombres como Félix Revuelta (Natuhouse) o Sabino García (TSK), que realizaron importantes desembolsos en la compañía, solo llegó a suscribir el 75% de las acciones emitidas. La propia CNMV calificó la operación de “incompleta”.
Los problemas que ha afrontado Sniace vienen de lejos, tanto antes de reabrirse la fábrica en 2016 como después. Algunas de las polémicas que ha vivido en estos tres años han estado vinculadas con su anterior Consejo de Administración. Una de ellas de carácter económico, ya que a pesar de las pérdidas que registraba la compañía en 2015, el presidente de Sniace en ese momento, Blas Mezquita (dimitió en enero de 2019 por “motivos personales”), contaba con una retribución fija de 320.000 euros y 46.000 euros en dietas.
El propio Mezquita y el exdirector de Operaciones, José Francisco González Payno, se encuentran en un proceso judicial por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, y en el que a la propia Sniace se la considera responsable civil subsidiaria de los vertidos realizados al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010. El abogado del Estado, entre otras cosas, pide una indemnización conjunta de más de 50 millones de euros.
Díaz Real aseguraba este viernes que el decreto sobre la cogeneración del Ministerio de Transición Ecológica "da al traste unos años muy intensos de transformación de una compañía"
El cierre de Sniace llega apenas un mes y medio después de que se alcanzara un acuerdo entre dirección y comité de empresa para aplicar un ERTE para 229 trabajadores, con 91 días de suspensión de contrato durante el 2020. Según la compañía, la medida se tomaba para “paliar la situación de sobreproducción”.
FUTURO
Díaz Real aseguraba este viernes que el decreto sobre la cogeneración del Ministerio de Transición Ecológica "da al traste unos años muy intensos de transformación de una compañía" con "muchísimas proyecciones de futuro". La presidenta de Sniace ha apuntado que el impacto en las cuentas de la compañía será de 45 millones de euros al año, a los que se sumarían otros millones circulantes que tendría que tener ya "sobre la mesa" para hacer frente a los pagos de las obligaciones adquiridas tras el proceso concursal que se inició en 2016.
Las proyecciones de futuro a las que hace referencia son, según ha explicado, elaborar materiales sustitutivos del plástico, y ha confiado en que la compañía aún "tiene futuro" debido a que el "incremento en calidad y en ventas este último año ha sido espectacular". Por ello, ha pedido a los trabajadores una parada "ordenada" para dejar la maquinaria en condiciones "óptimas" y que el liquidador pueda buscar una solución para la continuidad de Sniace. Así, se ha puesto "a disposición" del liquidador concursal para "colaborar en todo", y ha señalado que dependerá de él si se mantiene la actividad durante los meses que dure el proceso de liquidación, ya que sigue habiendo clientes y pedidos.
Por último, a preguntas de la prensa por la petición de los trabajadores de mantener un encuentro con el máximo accionista, Sabino García Vallina, ha respondido que "no ha lugar porque es un accionista más", al que ha agradecido que ha sido una persona "muy implicada" y que "lo ha dado todo por esta compañía".
COMITÉ DE EMPRESA
El comité de empresa de Sniace ha pedido esa reunión con García Vallina y otra con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que tendrá lugar el próximo lunes a las 9:00 horas, y a la que también asistirá el vicepresidente, Pablo Zuloaga, para aclarar las medidas que está tomando el Gobierno central respecto a la cogeneración, que ha sido la "puntilla" para Sniace.
Así se lo han trasladado los trabajadores al consejero de Industria, que les ha recibido antes de comenzar la reunión que había convocado con las empresas, en la que según ha dicho el presidente del comité, Francisco Plaza, en declaraciones posteriores a los medios, Martín les habría comunicado que intentará que el liquidador mantenga la fábrica en marcha a la espera que aparezca un inversor.
Sin embargo, según Plaza, "no hay mucho margen", ya que la condición para dejar que la factoría siga funcionando es que exista desde el comienzo de la liquidación un posible inversor, aunque ha explicado que la actividad "no puede estar mucho tiempo parada" por los productos con los que trabaja, que son "muy corrosivos". Así, ha explicado que la parada se haría "progresivamente" y duraría "por lo menos una semana". Por otro lado, ha añadido que Martín les ha indicado que desde el Gobierno regional intentarán traer a las ministras de Industria y de Transición Ecológica para que conozcan la situación.
