Corría 1998 y, un día maravilloso para los demócratas de todo el mundo, nos despertamos con la noticia de que el genocida Augusto Pinochet estaba detenido en una clínica londinense por orden del juez Garzón, quien pretendía su extradición a España para ser juzgado por sus múltiples crímenes contra la humanidad. Era una innovación mundial del juez, pero tan bien basada jurídicamente, que los conservadores jueces lores británicos le dieron repetidas veces la razón, antes de que un biempensante seudolaborista ministro del interior, Mr. Straw, ejerciera su veto al final del camino judicial y lo liberara y enviara, por simulada grave enfermedad, al país que previamente asoló; por cierto que, una vez en la pista del aeropuerto de Santiago, el infame asesino se levantó de la silla de ruedas, tiró el bastón y nos deprimió a los impotentes ciudadanos, solidarios con sus víctimas, marcándose un "bailesito" demostrativo de lo fraudulento de su liberación.
A este fracaso de la Humanidad contribuyeron multitud de factores. Por supuesto, las organizaciones políticas más cercanas ideológicamente al sátrapa, como el PP en España, hicieron lo imposible por ayudarle. Pero no solo éstas; organizaciones supuestamente socialdemócratas, como el PSOE, empezaban ya a ser políticamente correctas, y personas muy influyentes, como Felipe González, no querían ver a Pinochet en un juzgado de Madrid ni en pintura. Le tocó a Almunia ejecutar los deseos de aquél a quien llamaban "Dios".
Las organizaciones políticas más cercanas ideológicamente al Pinochet, como el PP en España, hicieron lo imposible por ayudarle
Ni que decir tiene que El País estaba ya por aquellos tiempos en perfecta sintonía, no con el PSOE, sino con González y desde ése diario se ponía en duda la "oportunidad" de juzgar a la hiena en nuestro país, en aplicación del concepto de justicia universal que Rajoy ha echado abajo, vendiendo nuestra soberanía para que el gigante emergente chino no se moleste, aún a costa de tener que liberar a peligrosos narcotraficantes; para rematar la faena, e impedir ejemplarmente el resurgimiento de cualquier conato judicial en favor de las víctimas de los más atroces crímenes, el Tribunal Supremo condenó a España y al Mundo a no seguir gozando del recto proceder del juez (con mayúsculas) Garzón.
Se preguntarán a qué viene ahora está reflexión, por qué saco ahora este asunto a la palestra; me ha transportado en el tiempo el conocer que este sábado, 21 de mayo, ha venido a Santander Jorge Edwards a presentar su libro. Uno de los artículos más sonados de lo que, en sentido contrario a la extradición del criminal, publicó El País fue el de este escritor, periodista y diplomático chileno, hoy con nacionalidad española, titulado 'Las estatuas de sal', en el que el autor, que pasó de codearse con Salvador Allende a hacer campaña para el derechista (que en Chile significa ultraderechista) Sebastián Piñera, se oponía al concepto de justicia universal en el caso Pinochet, no sin antes describir al presidente asesinado como un alcohólico.
Por aquellos tiempos no existía Google ni los chats; los foros de debates se nucleaban entorno a un servicio específico de la recién popularizada internet que se llamaba "News". Entonces publiqué, bajo mi seudónimo Roberto García Santacruz, en la new "chile.soc.política" un comentario dirigido al autor del artículo que titulé 'Las falacias del Sr. Edwards' que no obtuvo contestación. Han pasado 17 años y la pregunta sigue en pié, y se la reitero aprovechando su visita el sábado a Santander:
"Sr. Edwards, han pasado 17 años desde aquella burla al más elemental sentido de la justicia. Mientras tanto, los tribunales argentinos han podido avanzar en el enjuiciamiento de los crímenes franquistas, que ni PP ni PSOE quieren castigar. Resuelta entonces su inquietud porque no se juzgara exclusivamente a Pinochet, sino que la justicia universal se aplicara también a otros criminales ¿sigue usted pensando que juzgar a Pinochet en España, ya que no lo estaba siendo ni lo iba a ser en Chile, era inoportuno?