El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha exigido hoy una solución para el profesorado más vulnerable frente al COVID-19, bien por padecer ciertas patologías crónicas, por su edad (mayor de 60 años) o por embarazo, y cuya situación "no quiere ser abordada por ningún estamento de la administración".
Este sindicato, tanto a nivel estatal (STEs-i) como en Cantabria (STEC), está exigiendo una solución para este personal que está asumiendo al acudir al aula "unos riesgos mayores" que los que padece el resto de sus compañeros.
La Confederación de STEs-i --la organización sindical estatal a la que pertenece STEC-- se dirigió hace una semana al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para buscar una solución a esta problemática, exigiendo modificaciones en la normativa que regula el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Asimismo le ha trasladado por escrito a la ministra de Educación, Isabel Celaá, la preocupación por la situación "tan desprotegida" en la que queda todo este personal.
"Rechazamos que se nos catalogue con un Nivel de Riesgo 1 y que en la práctica no se estén adoptando medidas encaminadas a la adaptación del puesto de trabajo o entrega de equipos de protección, sea cual sea la circunstancia o patología y esté controlada o no, por lo que entendemos que esta situación constituye un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad por parte de las administraciones, poniendo en grave riesgo la salud personal y la de sus familias", ha señalado el sindicato.
Ante la falta de respuesta de los ministerios, el Secretariado Confederal de los STEs reunido ayer, ha decidido llevar adelante acciones judiciales a nivel central "por tan irresponsable actitud de desprecio hacia el colectivo de trabajadores más vulnerable frente a la COVID".
También en Cantabria STEC ha venido solicitando desde hace meses una solución para este personal. La última comunicación, sin contestar, se ha hecho por escrito la semana pasada tanto a la consejería de Sanidad como a la de Educación. En este sentido, STEC ha criticado tanto la "falta de coordinación" de ambas consejerías, como el hecho de que "no se estén evaluando in situ" los puestos de trabajo.
"Cada caso es distinto y entre cada aula existen diferencias notorias; lo que nos hace cuestionarnos si se está aplicando correctamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la enseñanza, ya que se están dando respuestas estandarizadas a todas las personas que piden una revisión de su puesto de trabajo, con independencia de su patología y de las características concretas y específicas de dicho puesto", ha observado STEC.
Finalmente, el sindicato ha trasladado "el malestar y la honda preocupación" de este colectivo de trabajadores de los centros educativos que se siente "completamente desamparado ante una administración que es incapaz, no ya de resolver el problema, sino de empatizar mínimamente con ellos".
En este sentido, STEC ha emplazado públicamente a las consejerías de Sanidad y Educación para que, con independencia de posibles directrices del Gobierno central, aborden este asunto a nivel regional, y, en el ejercicio de su autogobierno, busquen una solución "lo más razonable posible a cada uno de los problemas individuales" de los profesionales que trabajan en la educación.
