La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado una fianza de 3.000 euros a la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria para ejercer la acción popular como asociación querellante contra, entre otras personas, el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, por un supuesto delito de corrupción en actuaciones públicas relacionado con la construcción del Centro Botín. El Supremo ha fijado esta fianza como cuestión previa antes de tomar una decisión de fondo sobre la querella, es decir antes de acordar si la admite a trámite o la archiva, y la Plataforma ha recurrido la medida.
En un auto fechado el 3 de enero y consultado por Europa Press, el Supremo señala que la legitimación procesal que habilita a la acusación particular para personarse e intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte “requiere una justificación suficiente y debida de su condición de perjudicado, agraviado u ofendido por los delitos imputados”, algo que considera que en este caso “en absoluto se ha acreditado”. La acción popular lleva consigo la prestación de una fianza que deberá ser “proporcionada y equitativa”, de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso. El tribunal estima que una fianza que “satisface las exigencias legales y cumple con las previsiones moderadoras de su importe sería la de 3.000 euros”.
Por su parte, la Plataforma ha recurrido el auto del Supremo, del que es ponente Cándido Conde Pumpido, por considerar que no debe pagar fianza. En declaraciones a Europa Press, el abogado de los ecologistas, Fernando Merodio, ha asegurado que para las acusaciones populares existe una normativa que permite "que las asociaciones que representan a las víctimas de los delitos no tengan que pagar fianza".
Incumplimiento “reiterado”
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha denunciado en su querella –presentada el pasado 1 de febrero– que “todo” en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es “ilegal”. Además, solicita que, cautelarmente y mientras se tramita la querella, se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de “ningún tipo de actividad” en el mismo. A lo largo de las 80 páginas de la querella, la plataforma denuncia el incumplimiento “reiterado” de la ley “en todos los trámites” de esta actuación, por lo que pide que se investiguen los hechos y se condene a sus responsables en el caso de haber delito.
En concreto, pide que se investigue a todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín, es decir a Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O’Shea, además de a Jaime Botín Sanz de Sautuola. Igualmente pide que se investigue a Miguel Ángel Revilla, actual presidente de Cantabria y que también lo era cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, vicepresidenta entonces de Cantabria; y a Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander y ahora es ministro de Fomento, lo que ha obligado a la plataforma a acudir al Supremo, al ser aforado por su cargo actual. También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.
