La vicepresidenta de Cantabria en funciones, Eva Díaz Tezanos, ha defendido la puesta en marcha de reformas legales que permitan acabar con la actual "inseguridad" jurídica urbanística y ha abogado por soluciones que agilicen y simplifiquen la tramitación de los planeamientos para que cumplan con su papel "fundamental" de servir a los ciudadanos. Así lo ha dicho en la inauguración de la jornada El urbanismo del siglo XXI: una función pública al servicio de los ciudadanos, en la que también ha participado el director general de Urbanismo, Francisco González, y el presidente de la Revista de Derecho Urbanístico, Francisco Alegría. También han asistido los directores generales de Universidades e Investigación, Marta Domingo, y de MARE, Felipe Lavín, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Considera necesario que se adapte el lenguaje "excesivamente tecnocrático" para hacer comprensible el significado del urbanismo y sus fines y objetivos
Tezanos ha centrado su discurso en las "extraordinarias" dificultades que existen actualmente para conseguir elaborar y aprobar los planes generales de ordenación urbana, a los que se ha referido como "la principal herramienta de la ordenación urbanística". Para dar respuesta a estos problemas, se ha mostrado partidaria de llevar a cabo de manera urgente una serie de reformas legales que compatibilicen la necesidad de un procedimiento garantista con la agilidad y simplificación de trámites. Todo ello, para acabar con la inseguridad jurídica del urbanismo actual, "legislando de modo que se minimice el excesivo castigo que hoy se impone al planeamiento anulado por simples carencias formales", ha dicho. También ha considerado necesario que se adapte el lenguaje "excesivamente tecnocrático" para hacer comprensible el significado del urbanismo y los fines y objetivos que persigue para lograr una verdadera implicación de la sociedad en su desarrollo.
Consciente de que el objetivo prioritario del urbanismo es el diseño de las ciudades, la visión global de sus desarrollos y la distribución de sus usos, Tezanos ha reclamado que los principales actores del urbanismo "jueguen" cada uno su papel. Así, ha considerado que los políticos deben ejercer un "verdadero liderazgo" en algo tan esencial como es el modelo de ciudad para el disfrute y bienestar de los vecinos; que los funcionarios públicos aporten las soluciones "adecuadas y legales" para cumplir los objetivos marcados por los políticos; que los redactores de los planeamientos urbanísticos ofrezcan las soluciones técnicas, y que los ciudadanos participen de manera activa en la elección de los modelos urbanísticos.
Dice que el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo está "elaborado y totalmente tramitado", a falta de su aprobación en Consejo de Gobierno
Tezanos también se ha referido al anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, "elaborado y totalmente tramitado", a falta de su aprobación en Consejo de Gobierno para su posterior remisión al Parlamento. "Una nueva Ley del Suelo que trata de ofrecer soluciones para agilizar y simplificar la tramitación de los planeamientos y cumplir con el fundamental y prioritario objetivo del urbanismo actual de servir a los ciudadanos", ha subrayado Tezanos, quien ha confiado en que, después de 17 años de la aprobación de la vigente Ley del Suelo, se culmine sin dilación en la próxima legislatura para reconocer el trabajo desarrollado por la actual Dirección General de Urbanismo.
Organizada por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, en colaboración con la Revista de Derecho Universitario, esta jornada sobre el urbanismo del siglo XXI ha servido para analizar sus elementos diferenciadores, tales como la implantación de informes de accesibilidad, género, sostenibilidad ambiental, la previsión de viviendas sociales y el control de la gestión pública para garantizar el cumplimiento de la Ley y evitar las irregularidades y responsabilidades. Entre los expertos que han participado figuran los abogados Gabriel Soria y Bagoña Ballve; los profesores Juan Manuel Alegre y Juan Antonio Chinchilla, y la subdirectora general del Ministerio de Fomento, Ángela de la Cruz.
