El TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de ANIL (Asociación Nacional de Interinos y Laborales) contra el Decreto 5/2018, de 1 de febrero, por el que se aprobó la OPE (oferta de empleo público) para cuerpos docentes de Educación Secundaria en Cantabria. El TSJC ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo en un decreto fechado el pasado 16 de marzo y al que ha tenido acceso este diario.
“La situación de este colectivo es de abandono y de atropello”
ANIL ha destacado que Cantabria hay unos 9.100 docentes, de los que más de 3.300 –el 37%– son interinos, es decir temporales, y que “la situación de este colectivo es de abandono y, desde la perspectiva de la ética del trabajo, podríamos decir que de atropello”, pues muchos de ellos llevan más de tres, diez, veinte o treinta años trabajando con “contratos temporales que duran un año y luego el Gobierno de Cantabria renueva sucesivamente”, algo en su opinión “patético, por no decir que es una forma de maltrato que tiene efecto negativo tanto sobre su vida personal y profesional como sobre la educación de sus hijos, el progreso de sus alumnos y los proyectos educativos de los centros escolares”.
ANIL presentó ante el Tribunal Supremo una demanda –admitida a trámite– contra el acuerdo que el Gobierno español (PP) y los sindicatos mayoritarios firmaron en marzo de 2017 “para la supuesta mejora del empleo público” y que dio pie a la convocatoria de oposiciones en las comunidades autónomas “sin tener en cuenta a los funcionarios interinos que ocupan esas plazas desde tiempo a veces inmemorial”. Como en otras comunidades autónomas, en Cantabria se ha presentado también un recurso contencioso-administrativo –el que ahora ha sido admitido a trámite– contra el decreto por el que se aprobó la OPE para cuerpos docentes de Educación Secundaria y se está preparando la impugnación de la misma.
“Los sindicatos mayoritarios firmaron con el Gobierno español (PP) un 'acuerdazo'”
En la misma línea y en una carta abierta dirigida “a CCOO, UGT, CSIF y a todos los demás sindicatos”, la Plataforma de Interinos, Temporales y Estatuarios Eventuales considera que “los gobiernos de todos los colores políticos han creado “un sistema paralelo de acceso al empleo público” que “ha supuesto la contratación de entre 700.000 y 900.000 empleados públicos en fraude de ley”, y denuncia que el 29 de marzo de 2017 “los sindicatos mayoritarios” firmaron con el Gobierno español (PP) un “acuerdazo” sin contar con los propios afectados y que “ni siquiera garantiza la indemnización por toda su vida laboral”, algo que “de continuar en los términos actuales, puede significar la aplicación del mayor ERE de la historia de España”. Ante ello, la Plataforma ha exigido a los sindicatos que “previamente a cualquier acuerdo, reclamen al Gobierno que adapte la legislación de empleo público española a la Directiva 1999/70/UE” y que “paralicen todos los procesos de estabilidad del empleo público consistentes en convocar a oposición las plazas que venimos ocupando, hasta que nuestra situación legal quede completamente aclarada, ya que de no ser así, serán cómplices del fraude de ley que durante años y años han realizado con nosotros”. Y ha advertido de que si a partir de este jueves, 29 de marzo –aniversario del acuerdazo–, “siguen buscando sus propios intereses en lugar de defender los derechos de los trabajadores”, la Plataforma lanzará “una campaña de desafiliación sindical masiva” e iniciará “los contactos o los trámites necesarios para crear o llegar a acuerdos con organizaciones que realmente nos defiendan”. “Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas de todos los colectivos no será admitida”, finaliza la carta.
Fuentes de ANIL han asegurado a este diario que la asociación cuenta ya con 115 profesores asociados “para luchar por nuestra estabilidad, ya que según la UE estamos contratados en fraude de ley”, y han avanzado que prevén afiliarse al sindicato TU (Trabajadores Unidos), “ya que es el único que nos ha escuchado”, y crear en su seno una Sección de Educación. “Con esta macro-oferta a nivel estatal, que es un ERE encubierto, pretenden despedir a miles de trabajadores sin el reconocimiento de ningún derecho laboral, a pesar de que la UE reconoce que estamos en fraude de ley”, han insistido, y han asegurado que tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas –como Asturias, Aragón, Baleares, Madrid– en las que ya han dado los mismos pasos, su objetivo es “que la Administración dé una salida a los miles de trabajadores interinos que llevan durante años contratados en fraude de ley”. “Todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, se están movilizando contra el ERE firmado por Gobierno y sindicatos mayoritarios en marzo de 2017”, han advertido.
Las mismas fuentes han destacado que el Gobierno español “podría solucionar el problema que ha generado en la contratación de su personal a través del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, evitando enfrentamientos y sanciones de la UE”, pues consideran “que las oposiciones deben existir, pero previamente se debe una solución al personal contratado en fraude de ley”.
