La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón a los sindicatos CCOO y CSIF y ha fallado que el convenio colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria es de aplicación al personal de estructura que presta servicios en el IDIVAL (Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla), una veintena de trabajadores.
El fallo, difundido este martes por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, revoca una sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander de diciembre de 2019, que fue recurrida al considerar probado que el IDIVAL ya se adhirió en 2004 al VII convenio colectivo para el personal laboral al servicio del Gobierno de Cantabria y que, además, reconoce que existe una relación de dependencia entre esta empresa pública y el Ejecutivo regional, en tanto en cuanto cinco de los nueve miembros del Patronato del IDIVAL son designados por el propio Gobierno de Cantabria.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, tiene en cuenta, además, que el desarrollo de las actividades del IDIVAL se financia, principalmente, con cargo a los presupuestos del Gobierno de Cantabria lo que, según destaca CCOO, "implica el control indirecto de todas las actividades, incluso de las financieras y patrimoniales".
Desde CCOO destacan que un conflicto de "idénticas características" ya fue sometido a resolución judicial, el del personal laboral de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA), que concluyó determinando la aplicación del VIII convenio dada la dependencia de dicho organismo de la administración regional.
Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de CCOO en el Gobierno de Cantabria, ha subrayado que los conflictos laborales con las empresas públicas que dependen de la Consejería de Sanidad "son el pan nuestro de cada día".
"Parece mentira que desde la administración se trate de esta forma tan injusta, ruin e inaceptable a unos trabajadores que son esenciales para la investigación y el avance de la sanidad y que ven, indignados, como van concatenando contrato tras contrato en fraude de ley sin que los responsables reconozcan su dedicación y sus derechos laborales", critica en un comunicado de prensa.
Renedo añade que "no se piden favores ni privilegios, simplemente que la Consejería de Sanidad deje de mirar para otro lado y reconozca el trabajo que hacen estos trabajadores".
"No entendemos la obsesión del Gobierno de Cantabria de llevar a los juzgados conflictos laborales que lo único que hacen es generar más gasto a las arcas públicas y que saben de antemano que tienen perdidos", concluye el sindicalista.
