El sindicato UGT, a través de su Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP), ha registrado hoy martes un escrito en el que solicita al Ayuntamiento de Santander remitir al Pleno municipal el cambio de denominación de la calle dedicada al franquista General Dávila, la rúa más larga de la capital cántabra, por el de Paseo 8 de Marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tal y como propuso en el año 2016 la feminista Comisión 8 de Marzo, de la que forma parte.
En su solicitud, la UJP de UGT, que también planteó el mismo cambio de denominación en el centro de mayores ubicado en la vía urbana santanderina, ha recordado la obligatoriedad legal de retirar el nombre del general franquista en virtud del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que estipula que “las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. El sindicato, mayoritario en Cantabria, ha añadido que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ya dictó en una sentencia de junio de 2013 que el citado artículo de la Ley de Memoria Histórica “podrá ocasionar la retirada de subvenciones o ayudas públicas en el caso de su incumplimiento”.
Para los jubilados y pensionistas de UGT, la propuesta de cambiar la denominación del paseo urbano santanderino “tiene un amplio apoyo de la ciudadanía, ya que con este nombre la ciudad puede reconocer la importancia que las mujeres tienen en la sociedad”.
El pasado miércoles, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, pidió a Santander y a otros ocho ayuntamientos de la comunidad autónoma la “retirada inmediata” de sus vestigios del franquismo. Esos nueve ayuntamientos cántabros –Santander (PP), Cillorigo de Liébana (PP), Comillas (PRC), Laredo (PSOE), Medio Cudeyo (PRC), Ramales de la Victoria (PSOE), Santoña (PSOE), Selaya (PP) y Suances (PSOE)– están entre los 656 ayuntamientos españoles a los que el Ministerio de Justicia pidió “que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios”, precisamente en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007.
