El sindicato UGT ha propuesto al consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, un acuerdo transversal para todas las licitaciones de servicios públicos de las consejerías que incluiría una serie de cláusulas laborales, sociales y medioambientales de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias, entre ellas el cumplimiento de los costes laborales estipulados en los convenios colectivos de las actividades profesionales licitadas, ha informado el sindicato.
En una reunión del titular de la Consejería de Presidencia y una delegación de UGT, integrada por representantes de las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC) y la de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), el sindicato ya ha planteado incluir estas cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias y un comité de seguimiento de las mismas en la inminente licitación de los servicios de control y vigilancia de las dependencias del Gobierno de Cantabria, que afecta a más de un centenar de vigilantes de seguridad. En relación a este inminente concurso de licitación de los servicios de vigilancia en las sedes del Gobierno de Cantabria, UGT también ha propuesto que las adjudicaciones no colisionen con las funciones y los "legítimos derechos" de los agentes de seguridad del Ejecutivo autonómico.
En la reunión, UGT ha aclarado a De la Sierra su intención de trasladar estas propuestas a la negociación de la Concertación Social "para acabar de una vez por todas con servicios públicos encomendados a empresas privadas donde se incumplen las más mínimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores que los realizan porque los presupuestos ofertados están muy por debajo de los precios del mercado de licitación con sus correspondientes costes". El sindicato ha reiterado su propuesta de un acuerdo general para todas las consejerías que cumpla las disposiciones del convenio colectivo y el establecimiento de un límite de los precios ofertados por la empresa en la valoración final de la adjudicación, "que en todo caso no debería suponer el 60% de la propia adjudicación". Para los representantes de UGT que han asistido a la reunión con De la Sierra, "no es aceptable" que cerca del 90% de la valoración para conceder o no la adjudicación del servicio a una empresa dependa del presupuesto que ésta oferte, "aunque sea muy a la baja y temerario porque con él no se cubrirán los costes mínimos".
Además, la delegación de UGT ha trasladado al consejero la necesidad de "frenar las externalizaciones" de servicios públicos y revertirlas para la gestión pública, porque esta figura "está suponiendo en realidad una privatización silenciosa". Ante ello, el sindicato ha planteado "una limitación a mínimos" de las encomiendas de servicios y las asistencias técnicas de la Administración y una vigilancia "exhaustiva" para evitar que todas estas figuras se conviertan "en un coladero a la función pública".
