Fernando Urruticoechea, que ha declarado hoy jueves como perito en el juicio del caso La Loma en la Audiencia de Cantabria, ha afirmado que los "delincuentes y saqueadores" que gobernaban Castro Urdiales cuando él trabajó como interventor municipal –entre 2001 y 2006– realizaban "tretas para malvender el patrimonio público y medio regalárselo al promotor correspondiente". "Me evitaban como si fuera el diablo", ha declarado sobre los equipos de gobierno de Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza. Ambos exalcaldes, el primero por el PSOE y el segundo por el PRC, están acusados junto a otras 11 personas por irregularidades urbanísticas en el desarrollo de un sector de La Loma. Urruticoechea también ha denunciado que esos equipos de gobierno hacían un uso fraudulento de la figura de la asistencia técnica para "meter por la puerta de atrás" a profesionales que "hicieran informes al dictado" y que los gerentes de Urbanismo eran personas "elegidas a dedo para dar cobertura a las ilegalidades flagrantes y el saqueo que se produjo en el Ayuntamiento de Castro. "Yo no soy parte del saqueo de Castro", ha dicho mientras le mostraban un informe firmado por el entonces secretario municipal y acusado en esta causa, César Sainz, del que ha dicho que "sí era parte de la trama".
"Me apartaron totalmente de todos los actos urbanísticos, de forma consciente y explícita y en contra de mi voluntad, a pesar de avisar de que la falta de informes de fiscalización entrañaría la nulidad de los instrumentos urbanísticos"
Urruticoechea ha sido llamado a declarar como perito por la Junta Vecinal de Santullán, que ejerce la acusación particular. Su declaración ha sido uno de los momentos más tensos vivido hasta ahora en el juicio, cuando los abogados de las defensas le han interrogado para tratar de minar su credibilidad e idoneidad como perito e incluso han recordado la rueda de prensa que dio hace años vestido de preso. El ex interventor municipal, que ha llegado a pedir amparo a la sala por la actitud de los letrados de las defensas, ha relatado que no le dieron ninguna posibilidad de informar expedientes urbanísticos e incluso le impidieron asistir a las juntas de gobierno local. Así, ha señalado que los modificados no pasaban por Intervención a pesar de que "sabían que era preceptivo". "Me apartaron totalmente de todos los actos urbanísticos, de forma consciente y explícita y en contra de mi voluntad, a pesar de avisar de que la falta de informes de fiscalización entrañaría la nulidad de los instrumentos urbanísticos". "A Castro se le ha eliminado de la participación de las plusvalías urbanísticas desde 1995", ha denunciado Urruticoechea, que sostiene que esa circunstancia ha supuesto para el Ayuntamiento unas pérdidas "ingentes" en aprovechamientos que ha cifrado en "unas mil viviendas por año", y la consecuencia actual a su modo de ver es que Castro "no tiene viviendas sociales". El ex interventor municipal ha argumentado que la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde a los ayuntamientos debe ser excepcional, se tiene que "armar con un expediente bien fundamentado" y debe aplicarse el valor de mercado, pero "en Castro no se hacía así".
El exinterventor ha dado cuenta de los "miles de reparos diarios" que hacía de "facturitas" y de todo aquello que pasaba "por sus manos", y ha explicado que todos los meses emitía reparos por las nóminas de Pedro Restegui y Alicia García, cuya contratación era "un fraude de ley vulgar, manifiesto y esperpéntico", ha dicho. Al respecto, ha explicado que ejercían como técnicos municipales y con horario de funcionarios pese a estar contratados mediante asistencias técnicas, lo que supone eludir los principios de igualdad, mérito y capacidad y "entrar por la puerta de atrás". "Estaban de okupas en el Ayuntamiento, no tenían derecho a recibir las nóminas y los tuve que soportar de forma chulesca en mi despacho casi todos los meses", ha relatado.
Urruticoechea ha calificado de "tormentosa" su relación con los concejales de los dos equipos de gobierno con los que trabajó en Castro de 2001 a 2006, con los que se cruzó denuncias y querellas, y ha relatado que estuvo de baja durante un año y medio por "una situación médica de estrés derivada de la presión laboral tendenciosa que sufrí con ánimo de quebrar mi salud".
