viernes. 29.03.2024

El sindicato USO ha afirmado que las sentencias dictadas recientemente por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo suponen un "varapalo judicial" a la empresa Marsegur/Novosegur, adjudicataria en Cantabria de la seguridad de las instalaciones del Ministerio de Defensa.

El sindicato afirma que ambas sentencias son "un paso adelante en la lucha de la FTSP-USO contra las empresas pirata" que ha llevado a realizar varias movilizaciones en Santander frente a la Delegación de Defensa.

La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 3 de enero, estima en parte la demanda interpuesta por USO, UGT y CCOO por vulneración del derecho de huelga en el paro convocado los días 25 y 26 de septiembre de 2017 y condena a la empresa a abonar una indemnización de 6.251 euros a cada uno de los tres sindicatos demandantes.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2016 que declaró nulo el primer convenio colectivo de Marsegur. La Sala de lo Social del alto tribunal ha rechazado el recurso de la empresa en una sentencia fechada el pasado 19 de diciembre.

Los sindicatos impugnaron el convenio por entender que la comisión negociadora no se hallaba válidamente constituida por cuanto sus integrantes no ostentaban la condición de representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, no cumpliendo con el principio de correspondencia en tanto que no representaban a todos los trabajadores de la empresa.

Además, se estimaba que las tablas salariales eran nulas por implicar una aplicación retroactiva del convenio en perjuicio de los trabajadores, así como que resultaba lesivo para las empresas de seguridad en general en tanto que confería a la demandada menores costes laborales que los establecidos en el convenio sectorial, otorgando a la demandada una posición de ventaja.

HUELGA

En septiembre de 2017 cerca de 800 trabajadores de la empresa Marsegur, incluidos los seis de Cantabria, secundaron el primer día de huelga general convocado por el comité de empresa en protesta por el convenio colectivo impuesto por la propia empresa que, entre otros efectos, ha reducido los salarios casi un 40%.

Entre otras cosas, se criticaba que los cinco vigilantes de seguridad encargados del servicio en el Patronato Militar de Cantabria hayan sido sustituidos por militares, circunstancia que fue analizada por los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales por constituir una posible vulneración del derecho de huelga, que ahora ha sido estimada por la Audiencia Nacional.

El secretario de Seguridad Privada de UGT criticó que "el Ministerio de Defensa es especialista en adjudicar contratos públicos de aparente legalidad que lo único que esconden es precariedad en el empleo y que condena a los vigilantes a situaciones de verdadera exclusión social".

"Varapalo judicial" a la empresa de seguridad de la Delegación de Defensa