Con ocasión de las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo de toda España que se celebraron los pasados días 17 y 18 de septiembre en nuestra Comunidad, se ha vuelto a poner de actualidad la figura del Defensor del Pueblo en Cantabria.
Así la Presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, ha recordado que nuestra Comunidad es una de las pocas que no cuenta con la figura del Defensor del Pueblo, a pesar de que el Estatuto de Autonomía lo contempla, y considera positivo que existiera esta institución.
Por su parte y en el acto de clausura, Miguel Ángel Revilla, descartaba la creación del Defensor del Pueblo, ya que según el Presidente "cuesta dinero, y ahora existen otras prioridades". Además ha manifestado que "no sé si es necesario", pero también ha abierto una puerta a un nuevo órgano consultivo, indicando su intención de poner en marcha en el mes de febrero un grupo de trabajo, formado por personas no vinculadas a partidos políticos, y que no cueste dinero al Gobierno, que ejerzan como "receptores" de denuncias ciudadanas sobre posibles "casos de corrupción o malas prácticas políticas".
Desde la inclusión en el Estatuto de Autonomía de Cantabria de la figura del Defensor del Pueblo a través de la reforma del año 1997, impulsada por el Partido Popular en tiempos del Presidente, Martínez Sieso; mucho ha llovido y poco se ha hecho. Ya en aquella lejana época se manifestaba la necesidad de desarrollar con "urgencia" esta figura, por su importancia para nuestra Comunidad, y como defensa de los ciudadanos, ante las actuaciones abusivas o ilícitas de las Administraciones Públicas. La verdad es que la hemeroteca es muy dura, ya que entre lo que se dice y lo que se hace, hay tanta distancia que muchos se pierden por el camino.
La redacción del capítulo primero del Estatuto de Autonomía de Cantabria, en su artículo 16.1 justifica por si misma su existencia:
"El Defensor del Pueblo Cántabro es el Comisionado del Parlamento de Cantabria para la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, la tutela del ordenamiento jurídico y la defensa del Estatuto de Autonomía para Cantabria, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Parlamento cántabro".
Realmente pocas cosas hay más importantes que la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero sin embargo fueron pasando los años, y el interés por desarrollar tan importante institución, se fue diluyendo como un azucarillo en el fondo del mar. Tuvo que pasar más de una década para que un joven consejero de Presidencia, José Vicente Mediavilla, volviera a dar un impulso para intentar la instauración del Defensor del Pueblo en Cantabria; incluso llegó a anunciar un proyecto de ley, con fecha de presentación para febrero de 2010, cuando parecía que al final el proyecto vería la luz, una vez más, la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios frustró también esta iniciativa.
Desde la Asociación de Maltratados por la Administración –AMA-, ya su nombre se asimila con la Asociación Pro-Defensor del Pueblo, pues esta institución tiene como fin proteger a los ciudadanos de los abusos e ilícitos de las Administraciones Públicas, y velar por el correcto funcionamiento de las instituciones. Hemos tratado de impulsar, dentro de nuestras limitadas posibilidades, el desarrollo de una de las figuras clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Nosotros que somos víctimas de estas Administraciones, de sus actuaciones, de sus desmanes e ilícitos, -así lo han declarado los tribunales de justicia en más 30 sentencias-, nuestra propia situación es un ejemplo de la necesidad de protección que tenemos todos ciudadanos, e incluso de la propia necesidad de esa institución que nos defienda.
Ya en el año 2005 en una reunión en el Palacio de la Magdalena con Enrique Mújica, por aquellos tiempos, Defensor del Pueblo, poníamos en su conocimiento la situación de cientos de familias en Cantabria afectadas por los derribos que condenaban a las Administraciones Publicas, y a pesar de su encomiable labor, vimos claramente la necesidad de buscar soluciones y que éstas se tenían que realizar dentro del ámbito autonómico. Pero si teníamos alguna duda, cuando fuimos a pedir ayuda al Gobierno Central, nos encontramos con la respuesta "que era un problema de Cantabria y se tenía que solucionar en Cantabria", palabras manifestadas por las más altas autoridades del Estado.
En el año 2010 AMA tomó la iniciativa pidiendo al Gobierno y a los grupos parlamentarios un impulso político para conseguir desarrollar la figura del Defensor del Pueblo. Plasmó esa reivindicación en sendos escritos dirigidos a los entonces presidentes, regional, Miguel Ángel Revilla, y del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, también a los portavoces parlamentarios, y al consejero de Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla.
Tanto antes como ahora consideramos que se trata de una institución básica, una figura esencial que, si hubiera existido, hubiera podido ayudar a solucionar muchos de los graves problemas existentes en el ámbito del urbanismo, y en otros ámbitos de las relaciones de los ciudadanos con las instituciones; es muy difícil entender que una figura tan valiosa siga sin desarrollarse después de tantos años.
El Defensor del Pueblo no debe ser un adorno, o "un corta y pega", de los estatutos de otras comunidades; no contar con el mismo es una carencia importante, que obliga a los cántabros a recurrir a otras instituciones, como el Defensor del Pueblo estatal o incluso al Parlamento Europeo, como ha hecho la propia asociación AMA en relación a las sentencias de derribo. Ahora bien, cuando se tiene que recurrir a instituciones de carácter nacional e internacional es porque algo no estamos haciendo bien desde nuestras propia Comunidad. Es reconocer que no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas, y hay que buscar recursos extraordinarios que obligan a un duro, difícil y a veces costoso proceso para buscar las soluciones.
Las Comunidades Autónomas han ido asumiendo cada vez más competencias, y en campos muy sensibles para los derechos de los ciudadanos como: sanidad, educación, urbanismo y servicios sociales, en esta última área con el gran incremento que supuso la ley de dependencia. En estos tiempos donde existe defensor para casi todo: el defensor del cliente, del oyente, del universitario, del lector… E incluso en nuestro derecho canónico, desde hace muchos años el defensor del vínculo. Parece difícil explicar ese vacío en nuestra legislación autonómica.
Alguien puede pensar que esta institución es un adorno, o un gasto superfluo, incluso que si tenemos Defensor del Pueblo del Estado para que queremos uno en Cantabria, las razones son tantas que necesitaríamos mucho espacio para dar todo los detalles de las funciones que desarrolla y de los beneficios que puede producir a nuestra Comunidad, entre ellas, defender a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad, de las negligencias de la Administraciones Autonómicas, sus entes, organismos, empresas públicas y personal dependiente de las mismas, supervisar sus actuaciones para que realicen dentro de la legalidad vigente y sin pérdida de derechos de los ciudadanos. Entre sus funciones cabe destacar, investigar las quejas que se le presentan, las denuncias y abusos que se han podido cometer, formular recomendaciones para una mejor servicio público de las tareas encomendadas a las mismas, realizar tareas de mediación y proponer modificaciones de aquellas normas que se hayan visto que no cumplen para el fin que fueron dictadas, o no lo hacen con suficiente eficiencia. En cuanto al aspecto económico, nos gustaría que existiera algún informe sobre su impacto que creo sería mínimo sobre los presupuestos; recuerdo las sensatas palabras del hoy Consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, manifestado su convencimiento que "simplemente con los procesos contencioso-Administrativos que podía evitar la figura del Defensor del Pueblo, incluso sería un ahorro, para nuestra Comunidad".
En la campaña de las últimas elecciones autonómicas y municipales nuestra Asociación tuvo contacto con los diferentes partidos políticos, y dentro de nuestras peticiones una de las más destacadas era el poder contar en esta legislatura con un Defensor de Pueblo en nuestra Comunidad, la coalición que hoy compone el Gobierno se mostró francamente favorable. Por ello, esperamos que el anuncio del Presiente del Gobierno Miguel Ángel Revilla sobre la creación de ese nuevo órgano consultivo para febrero sea una realidad, y sobre todo un paso importante para que los que vivimos en Cantabria tengamos los mismos medios de defensa, y protección, que los demás ciudadanos de España.