El fin de un proceso judicial es sin duda impartir justicia, con las garantías para todos los que intervienen, pero sobre todo para aquellos que son acusados de cometer los ilícitos penales, y me atrevería a decir, que incluso cuanto más grave es el delito más se tienen que extremar todas las precauciones, ya que el daño que se puede ocasionar puede ser irreparable.
Ahora, cuando muchos juicios se han convertido en verdaderos "reality shows" y "grandes hermanos", retransmitidos en directo, rellenando horas de pantalla, opinando todo el que pasa por allí, y donde acabamos sabiendo más de los acusados y acusadores, que de muchas personas de nuestra familia, es bueno pedir prudencia, y que las garantías constitucionales de todos se respeten.
Hay situaciones que revuelven nuestra conciencia, así un reciente estudio denunciaba que el 4,1% de las condenas a muerte en EEUU se debe a errores judiciales, y que más de 100 personas, sólo en ese país, habían podido ser ejecutadas cuando no eran culpables. También a todos nos vienen a la mente países donde hay muchas menos garantías procesales, donde la vida es muy barata, y discrepar del poder establecido se puede pagar con la misma. Además de las poderosas razones éticas, simplemente estos datos son suficientes para estar totalmente en contra de que el Estado quite la vida a nadie. Es cierto que son casos extremos, pero reales.
Cuánto daño han hecho esos westerns, que se iniciaban con un asesinato, y cuanto más horrible mejor, para estimular los más bajos instintos de venganza, para que todos nos identificáramos con el protagonista, que se pasaba todo la película matando a diestro y siniestro, para vengar el daño que se le hubiera causado, eso sí, los malos muy malos y los buenos muy buenos, aunque con licencia para matar.
Desgraciadamente, donde interviene la mano del hombre la posibilidad de equivocarse existe, aquí en nuestro país merece la pena recordar, porque puede ser pedagógico, un juicio muy mediático, el caso Wanninkhof, destacable entre otras cosas por un muy grave error jurídico, que sucedió cuando, en un ambiente de casi histeria popular creado en buena parte por una presión social vertida a través de los medios de comunicación, por ilustres expertos, técnicos, testigos, familiares, amigos, y muchos tertulianos_ por cierto, que nunca les he visto pedir disculpas por sus desafortunadas actuaciones_...Donde Dolores Vázquez Mosquera, sobre la base de unas pruebas de cargo nada fiables, fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof, quien había sido asesinada en octubre de 1999 en Mijas, Málaga.
Dolores Vázquez, que pasó 17 meses en prisión por un crimen que no cometió, que fue vejada hasta por su condición sexual, y que se acabó marchando de nuestro país, fue víctima de una mala investigación, de un mal trabajo de la fiscalía, del juez y de un jurado influenciado por los medios.
Unos años después se descubrió el error al resolverse otro asesinato posterior, el de la joven Sonia Carabantes, en agosto de 2003 y descubrirse que el ADN del asesino coincidía con el ADN encontrado en pruebas del caso Wanninkhof, correspondiendo ambos a Tony Alexander King. Se pueden poner otros ejemplos de errores judiciales, pero quizás pocos tan claros y retransmitidos en directo como éste. Defender las garantías procesales supone que ningún inocente pueda ser declarado culpable, que es la mayor perversión de la justicia.
En el caso Asunta Basterra ,la niña de doce años, encontrada muerta en el municipio coruñés de Teo, su asesinato ha conmocionado a nuestra sociedad; si el asesinato de una niña es duro, el que los implicados directamente en su muerte puedan ser sus padres lo hace aun más execrable. En este proceso también es preocupante que se haya vuelto a repetir de una forma casi calcada la presión de los medios, de los expertos, de los tertulianos que saben de todo. Recuerdo que incluso un presunto familiar insinuó otro posible asesinato de la madre, en vivo y en directo. Sólo cabe esperar que en esta ocasión investigadores, fiscalía, jueces y jurado hayan actuado de una forma más positiva, correcta y profesional, pero a veces hay que reconocerlo, no se lo ponemos nada fácil.
Cuando en la justicia se busca desquite, revancha, venganza, morbo, o contentar, sedar, incluso tranquilizar a una sociedad impresionada por unos hechos delictivos, sin dar todas las garantías a los acusados, estamos ante un proceso viciado, y nulo de pleno derecho. Esto es algo que todo jurista sabe, al igual que los ciudadanos tenemos conciencia de que "todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", eso esperemos que ningún abogado del Estado acabe diciendo que es también una frase publicitaria. Es, sin duda, una realidad Constitucional y un derecho recogido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". Esas garantías corren más riesgos cuanto más humildes son los afectados.
El avance de los medios de comunicación, de las redes sociales, facilita la información, la opinión y es desde luego muy positivo, pero quizás haya que pedir mayor prudencia, a los que tienen mayor responsabilidad, ya que muchas veces corremos el riesgo de estar produciendo fenómenos que ponen en duda las garantías de los imputados, _ahora investigados_, procesados, los llamados juicios paralelos, y es que la condena social llega mucho antes que la resolución judicial.
Las retransmisiones en directo de situaciones descritas como delictivas, de procesos donde todos opinan, expertos, testigos, abogados, exjueces, jueces e incluso el juez instructor de proceso; donde cada palabra es desmenuzada, y cada gesto es interpretado en horas y horas de televisión, en las redes sociales, donde la luz de las cámaras puede deslumbrar a algunos. No parece lo más adecuado para que se puedan tomar las decisiones pertinentes, sin soportar presiones poco deseables.
Que paguen los culpables, que el peso de la ley, manifestación de las normas que nos hemos dotado caiga sobre ellos, pero también hay que recordar que nuestro sistema, afortunadamente, busca la reinserción del penado, y eso también está en nuestras leyes. Es de justicia reconocer y poner en positivo los innumerables casos de corrupción que los medios de comunicación han sacado a la luz, y que gracias a los mismos se pueden poner medidas coercitivas a quienes han cometido conductas tan punibles. Lo que no podemos comprender es que alguien sea condenado, cumpla su pena, pero no devuelva lo que ilícitamente se ha llevado, algo falla en nuestro sistema judicial, cuando el culpable prefiere estar más tiempo en cárcel que devolver lo sustraído.
Vivimos en una burbuja donde la noticia corre más que la verdad, donde aquello de la aldea global también se puede convertir en chismorreo universal, y los defectos que achacábamos al daño que hacían los mismos en esos pequeños pueblos, hoy se pueden trasladar con gran facilidad a los que compartimos esos medios de comunicación.
Es verdad que hay circunstancias que son imposibles de controlar, que la libertad de expresión es un bien muy preciado y necesario como para ponerle mordazas, pero también es preciso llamar a la propia responsabilidad de expertos, tertulianos, parlamentarios y licenciados en todo el saber conocido, para que dejen de "pegarse" por medio punto de share, donde se pierde esa responsabilidad y prudencia buscando simplemente "su minuto de gloria".