En este caso se trata del Informe de Fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el Ejercicio 2015, y presentado con fecha 25.06.18. Bloque 2.
- Ministerio de AA.EE
- Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Defensa.
- Ministerio de Interior.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Presidencia y Administraciones Territoriales´.
La primera de las múltiples queja del Tribunal de Cuentas va dirigida a los órganos de contratación que no cumplieron, en su mayoría, la obligación de remitir en plazo a dicho Tribunal la información contractual teniendo en cuenta que hablamos de un importe total en expedientes de contratación, por valor de 1.665 millones de euros, de los cuales se han fiscalizado el 62%, es decir, 1.033 millones observándose además deficiencias en las relaciones anuales certificadas y de los extractos de los expedientes de contratación correspondiente a 2015.
Para una mejor comprensión del supuesto, el Tribunal de Cuentas distingue entre relaciones certificadas de contratos (documento contractual existente, junto a resumen anual y (expediente de contratación, en situación abierta hasta su finalización).
La segunda queja se refiere a las deficiencias en la remisión al Tribunal de Cuentas de las relaciones anuales certificadas y de los extractos de los expedientes de contratación de los ejercicios de 2015.
Las memorias justificativas se motivaban en informes genéricos, sin concretar la necesidad de la operación objeto de la contratación
Así, los organismos arriba citados han remitido relaciones certificadas de contratos celebrados en 2015, que ascendían a 3.634 contratos por un valor de 1.199 millones.
A su vez, han remitido 963 expedientes de contratación por un importe total de 1665 millones.
El Informe del Tribunal de Cuentas, continúa con su derroche de críticas igualmente con la remisión telemática de información en materia contractual, así como otras producidas en la fase de ejecución.
Tampoco se han aportado informes técnicos de valoración sobre ofertas presentadas, que impiden comprobar su conformidad con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
Igualmente, en un número significativo de expedientes, no se acreditaban o lo hacían de forma errónea, la solvencia de las empresas licitadoras, sin concretar los mínimos que dichas empresas habían de acreditar.
Las memorias justificativas se motivaban en informes genéricos, sin concretar la necesidad de la operación objeto de la contratación, cuando deberían determinar con detalle y precisión cuáles son las necesidades reales a satisfacer en dicha prestación objeto del contrato.