Lunes 20.08.2018

La deriva del Patrimonio Cultural en Cantabria

Resulta paradójica la actuación de los distintos ejecutivos regionales a lo largo de nuestra reciente historia. Es el momento de pedir responsabilidades y de rechazar toda imposición cultural, más aún cuando ello se apoya en la destrucción, el menoscabo de la obra y la singularidad de los pueblos.

El desafortunado desaguisado ocurrido con la iglesia de Espinama nos ha obligado a volver la mirada sobre lo relativo a nuestro depauperado Patrimonio Cultural. Ese Patrimonio Cultural que son nuestras raíces como comunidad, que recoge y guarda nuestras costumbres, nuestro aprendizaje como pueblo a lo largo de siglos de historia que han definido nuestra actual situación social, económica y geopolítica. 

Nuestro patrimonio, aquel que nos habla del transitar del hombre en el tiempo y en el espacio, que nos permite distinguir lo que nos es propio de lo extraño, lo que nos es natural de lo que resulta impuesto, lo auténtico de lo foráneo, un conocimiento que debiera auspiciar el acceso de las mayorías sociales a mejores niveles de vida espiritual en estrecha comunión con valores culturales, no puede ni debe seguir conformando Listas Rojas del Patrimonio.

Nuestro patrimonio no puede ni debe seguir conformando Listas Rojas del Patrimonio

Son muchos los incidentes que atentan contra nuestro patrimonio y que la ciudadanía así como organizaciones especializadas vienen denunciando: el Hospital Militar de Santoña, la iglesia de Espinama, el convento de Santa Clara en Santander, El Palacio de los Acebedo en Hoznayo, la Torre de Ruerrero en Valderredible... Una interminable lista que espera de nuestra acción conservadora para ilustrarnos sobre costumbres de tiempos pasados. Una hermosísima herencia de nuestros antepasados que tenemos la obligación de conservar para así poder transmitir a nuestros descendientes, so pena de perder nuestra propia identidad. Una identidad que en ocasiones se nos obliga a adoptar a través de impostajes mercantilistas o de vanagloria personal que bien podemos ejemplificar con la Finca de la Familia Botín de Puente San Miguel: una vulgar copia o trasplante artificial que rescata la forma externa sin asimilar el contenido esencial de un jardín histórico.  

El desarrollo del Estatuto de Autonomía, alumbró leyes como la 11/1998 que regula lo relativo al Patrimonio Cultural de Cantabria en un extenso y amplio articulado, dota a la vez que impone a los distintos poderes públicos el deber inexcusable de conservación sin por ello menoscabar la difusión de nuestras riquezas culturales, etnográficas, patrimoniales y constumbristas. La Constitución Española, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la inclusión en nuestra legislación de los tratados internacionales al efecto -véase su condición de supra-legalidad- recogen el derecho a la cultura y por extensión al Patrimonio Cultural de los habitantes no ya de esta región, si no del propio planeta. Es pues nuestro Patrimonio Cultural Cántabro, la aportación que como comunidad hacemos al Patrimonio Cultural Universal.

Debemos exigir un compromiso firme de que cumpla lo legislado, como una fórmula de respeto de y hacia el pueblo

Por todo ello debemos exigir un compromiso firme de que cumpla lo legislado, como una fórmula de respeto de y hacia el pueblo, pues corresponde al Gobierno la garantía del cumplimiento de los tratados y resoluciones emanadas de los órganos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 

Resulta paradójico en este aspecto la actuación de los distintos ejecutivos regionales a lo largo de nuestra reciente historia. No resulta difícil hallar críticas contumaces a la dirección general de Cultura del Gobierno de Cantabria. Es el momento de pedir responsabilidades y de rechazar toda imposición cultural, más aun cuando ello se apoya en la destrucción, el menoscabo de la obra y la singularidad de los pueblos.

La deriva del Patrimonio Cultural en Cantabria
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