Este 2020 está marcado por la pandemia de la Covid-19 y la crisis social y económica. La realidad que vivimos en nuestro día a día vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. El confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado violencias machistas además de retrotraerlas a una época anterior en la que todas estas violencias quedaban en el interior de la casa, en la “intimidad” de las paredes donde habitaban.
Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Los datos, comparados con 2019, que arrojan los distintos organismos públicos en cuanto a la Violencia de Género evidencian un incremento sobresaliente en los “gritos de auxilio” producidos en forma de consultas online, llamadas al 016 o detenciones una vez superados los primeros 15 días de confinamiento.
La pandemia de la COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en todos los ámbitos
Asimismo, la pandemia de la COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres hemos sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo nosotras la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas de atención domiciliaria.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa, las mujeres somos mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Representamos el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También somos mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y representamos la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Mención especial merecen éstas últimas, además del riesgo que viven una vez incorporadas a sus trabajos, durante el confinamiento y en los primeros meses de la primera “ola” del virus vieron como sus ingresos descendían a 0 euros en la mayoría de los casos y una buena parte de ellas perdían el único empleo (precario) que tenían.
En el contexto del coronavirus, las mujeres hemos sufrido una mayor sobrecarga tanto por las nuevas formas de trabajar, teletrabajo, como por sus condiciones, además del cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Este añadido que ha supuesto la pandemia no se ha visto respondido por parte de las administraciones, empresas y hogares, no ha habido mecanismos de corresponsabilidad que evitaran esta sobrecarga de trabajo para nosotras.
Como siempre que se produce una crisis económica, y esta además de sanitaria también lo es, la afectación que se produce en las capas más vulnerables de población y especialmente en las mujeres se incrementará, sobre todo, en aquellas que dependen económicamente de sus parejas. A pesar de algunas medidas puestas en marcha, es evidente que el enfoque de género es uno de los puntos que salta por la ventana para mantener la economía en el centro, en vez de ubicar la vida en un puesto preeminente. Es precisamente en estos momentos cuando debemos reforzar las medidas de género para poder paliar el daño real causado en las mujeres y las niñas, en todos los niveles de sus vidas.
Es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que nos permita introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos.
Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social. “Esta crisis no la vamos a pagar nosotras”, gritamos mientras luchamos por políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias.
Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados, ya antes de la crisis del coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de violencias machistas. Es fundamental replantear los servicios públicos, que al estar muy debilitados por políticas de desmantelamiento implementadas por los neoliberales, no pueden atendernos, no pueden garantizar nuestros derechos. Ese replanteamiento pasa por una apuesta feroz de ampliación de recursos y reestructuración de servicios, como no puede ser de otra manera, con perspectiva de género.
Es urgente profundizar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género e implementar medidas y políticas igualitarias. Hemos de avanzar e incluir como violencia de género la violencia sexual, laboral, institucional, los vientres de alquiler y la prostitución. Desarrollar leyes que luchen contra la trata de seres humanos, donde de nuevo las mujeres y las niñas son la mayoría, leyes que aniquilen esta “esclavitud moderna”.
Queda mucho por hacer, mucho camino que recorrer, muchos derechos que conquistar y mucho machismo que erradicar.