Hubo revuelo cuando se suprimió la sanidad para los inmigrantes sin papeles, y hay revuelo ahora que se da marcha atrás sobre aquella medida que, sinceramente lo creo, fue desafortunada. Madrid es la última comunidad autónoma que se suma a lo que ya han hecho Cantabria, Aragón, Valencia y Baleares. Esto quiere decir que la democracia siempre está engrasada, pero también que el resto de regiones van a experimentar el efecto contagio (buena pandemia en este caso), empezando por el Ministerio de Sanidad que anunciará pronto la devolución de la sanidad universal a los inmigrantes, sea cual sea su situación.
He visto alguna encuesta contraria a la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero el pálpito me dice que los españoles estamos más por el artículo 43 de nuestra Constitución, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, y aquí entramos todos, los que tienen más y los que tienen menos. Está más que demostrado que los ciudadanos somos especialmente sensibles con todo aquello relacionado con la educación y la sanidad. Tampoco nos gustan los agravios. Alemania, que va de mandamás en Europa, no puede contar con unas ayudas sociales y prestaciones sanitarias de primer nivel, pero luego exigir fórmulas más ahorrativas para otros países del sur europeo, como es el caso español.
En este contexto se entienden menos si cabe las amenazas de que la Comisión Europea puede terminar sancionando a las regiones que, como el caso de Cantabria, anuncian una sanidad para todos. No creo que vaya a suceder porque semejantes sanciones chocan con la esencia de que todo Gobierno debe prestar servicios a sus ciudadanos y también a personas que llegan de otros países en busca de oportunidades para mejorar su existencia, alimentación y sustento. Dicho lo cual, cabe añadir que el éxodo migratorio hacia la Unión Europea va a aumentar en los próximos años, como está sucediendo en estos mismos instantes con los miles de refugiados de Macedonia. ¿Vamos a dejar sin asistencia sanitaria básica a los recién llegados? El Gobierno de Europa lleva tiempo falto de reflejos en políticas migratorias, de empleo, solidarias, educación o, como es el caso que nos ocupa, de sanidad universal. Toca abrir debates nuevos, mucho más amplios y preguntando a todos los europeos, sobre aquellos aspectos que más preocupan a la ciudadanía, porque ya no cabe que estemos sometidos a cambios por una exigencia puntual de recortes en un momento dado, como ha sido el caso de la sanidad.
La Unión debe tener políticas comunes, para eso fue creada. Pero las esencias de aquella primera Comunidad Económica Europea han saltado por los aires con lo acontecido con Irlanda, Portugal, España y, ahora en mayor medida, con Grecia. Otros países, como Francia, se han mantenido ajenos a estos avisos de ajustar su política social o sanitaria. En la recta final de 2015, es necesario que España tenga unidad de criterio sobre la tarjeta sanitaria nacional y la que se aporte también a los inmigrantes irregulares. Lo mismo cabe exigir al resto de países de la Unión. Este es el camino, no el de sanciones políticas o multas millonarias a los gobiernos regionales que acometen la devolución de las ayudas sanitarias a quienes más lo necesitan. Madrid y Cantabria cuentan con gobiernos de diferente signo político, pero han tomado una decisión similar. La mejor sanidad posible, que llegue a todos, es la de la colaboración, y no la de la confrontación. En esto se ha basado siempre el éxito del modelo sanitario español, ejemplo para otros muchos sistemas asistenciales en todo el mundo. De ahí que se haga necesario y urgente que las nuevas medidas de regreso a la sanidad universal sean bendecidas, cuanto antes, sí, por el Gobierno de la nación y por la Comisión Europea.