Desde hace 20 años, cada 25 de noviembre, no nos cansamos de decir que las mujeres nos queremos vivas. Desde hace un cuarto de siglo se conmemora el Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres, una lacra que se manifiesta como uno de los símbolos más brutales de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
En España, desde 2003 han sido asesinadas más de mil mujeres 40 de ellas en lo que llevamos de año. En Cantabria, unas 2.605 mujeres sufren violencia física, y el 5,6%, es decir 14.587, padecen violencia psicológica. Además, unas 3.646 podrían sufrir violencia sexual; 17.973, podrían estar siendo controladas; y 5.470, sufrirían violencia económica. Son datos extrapolados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La situación actual se ha visto lamentablemente agravada por la pandemia mundial que nos asola y que afecta a las mujeres con especial intensidad debido a la desigualdad estructural en la que se encuentran. El confinamiento ha sido especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género, cuyo aislamiento ha supuesto la separación efectiva tanto de las personas como de los recursos que normalmente pueden ayudarlas. Datos como el exponencial crecimiento de las llamadas al 016 durante el confinamiento, o el hecho de que en Cantabria, todas las mujeres que ingresaron en las casas de acogida habían sufrido vio
El confinamiento ha sido especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género
Y esa necesidad debe ser entendida por todos los grupos políticos y debe calar en la Opinión Púbica como una de las cuestiones más urgentes no ya en materia de seguridad, sino de respeto por los derechos humanos de las mujeres. Y ello debe traducirse en un compromiso con la lucha contra la violencia de género y con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, como un valor social incuestionable para una sociedad que se sustenta sobre la defensa de los derechos inalienables e irrenunciables de la igualdad y la dignidad de todas las personas.
Es cierto que La ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue una norma reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres al establecer un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia, una violencia que no solo se sufre en el ámbito de la pareja o expareja. La violencia sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, la prostitución... la sufren de manera desproporcionada miles de mujeres y niñas, por el mero hecho de ser mujeres y niñas.
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes.
También es cierto que más allá de un marco jurídico protector tanto a nivel estatal como en sus desarrollos autonómicos, se precisan por parte de las administraciones públicas medidas claras y urgentes que garanticen una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia y a sus hijos e hijas, generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.
En este sentido, el Gobierno de Cantabria está desarrollando una labor encomiable en la atención, prevención, sensibilización e información ante la violencia de género y la protección a sus víctimas, plasmando el fuerte compromiso de esta consejería socialista con la lucha contra la violencia sobre las mujeres a través de políticas impulsadas por Pablo Zuloaga. La apuesta es clara a la hora de tener disponibles recursos de calidad, por la eliminación de las listas de espera y por poder dar respuesta a la diversidad de situaciones de maltrato que se pueden suceder, porque todas las formas de violencia machista deben ser atendidas, desde la violencia en el ámbito de la pareja, hasta las agresiones sexuales y las víctimas de trata, explotación sexual y prostitución.
Es posible poner fin a la violencia contra las mujeres, pero solamente podremos lograrlo juntos.
Los socialistas estamos empeñados en salir de las crisis sin dejar a nadie atrás y mucho menos a tantas y tantas mujeres que sufren la lacra de la violencia cada día, abogando por situar en el centro de la respuesta la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género.
Porque nuestro desarrollo social no será completo mientras siga existiendo la que entiendo que es la mayor manifestación de discriminación y el mayor atentado al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
Es posible poner fin a la violencia contra las mujeres, pero solamente podremos lograrlo juntos. Todos somos responsables, porque no se trata de un asunto que concierna solamente a las mujeres: es una responsabilidad colectiva que todos y todas debemos, desde nuestras responsabilidades, afrontar decididamente la solución de un problema complejo partiendo de un enunciado tan sencillo como sincero y ambicioso:
Nos queremos vivas.