viernes 10.04.2020

Contra el mal llamado “pin parental” y en defensa de la escuela pública

¿El resultado? Empobrecimiento de la educación pública, reasignación de dinero públicos para beneficiar a los “mejores” centros (o sea, aquellos en los que se educan los hijos de las élites) y vaciamiento del contenido social que claramente queda expresado en el Título Preliminar, artículo 1 de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” .

El mal llamado PIN parental que la ultraderecha ha puesto en el debate público en realidad es otro ataque a la escuela pública, poniendo en cuestión elementos tan fundamentales como la profesionalidad, honestidad y conciencia de los docentes, la tarea de la educación en una sociedad democrática, los derechos de la infancia y la propia Constitución española que tanto dicen defender.

En un Estado democrático el sistema educativo, ya sea mediante centros de titularidad pública, concertada o privada, tiene la titánica tarea de abordar el pegamento fundamental que mantiene en pie todo nuestro día a día, que es la cohesión social. Dicha cohesión, en una definición laxa, es la que mantiene la conflictividad derivada de nuestros distintos tipos de pensamiento a raya, y es la que garantiza entre otras cosas, el grado de unión y los lazos de pertenencia de una comunidad, y que con complementariedad a las leyes, nos dota de un contexto de empatía, comprensión e identificación con otros miembros de nuestro alrededor.

En el plano más empírico, debemos dar gracias a la educación como actor principal en facilitarnos la comprensión de ciertos valores como la igualdad, el compañerismo o la fraternidad, el respeto, la tolerancia y la inclusión, sin los cuáles, aún estaríamos justificando sociedades estratificadas o de castas, la esclavitud o el racismo, así como la discriminación del diferente. Y sin irnos tan lejos, podríamos estar llevándonos las manos a la cabeza si los colegios no hubieran impartido durante estas últimas décadas, todos aquellos talleres de drogas/alcohol, conducción vial, primeros auxilios o prevención de ETS.

Por ello es por lo que este principio rector de la educación, viene establecido en distintas formas, en los preámbulos de cada ley de Educación en España, en cada manual de ciencias de la pedagogía y en cada consenso sobre el fin último de esta que acontece. Porque a estas alturas, no debería tener que explicarse que el sistema educativo, no está solamente para la transmisión de conocimientos académicos, sino también para dotar a los más jóvenes de las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse de la mejor forma, tanto individual como en comunidad, en su madurez.

Este trabajo y labor, se llevan a cabo con la necesaria y complementaria actuación de los padres, que nunca deben de verse como actor educativo al margen de la institución, si no como elementos imprescindibles de colaboración y participación, junto a los profesores y profesionales, para poder poner en común el mejor proyecto educativo para los menores.

Podríamos estar llevándonos las manos a la cabeza si los colegios no hubieran impartido durante estas últimas décadas, aquellos talleres de drogas/alcohol, conducción vial, primeros auxilios o prevención de ETS

Además, se ha sido testigo de la lamentable falsedad de los de siempre, de acusar de nada más ni nada menos que de “adoctrinar”, lo que no hace si no en ahondar la profunda preocupación por el poco conocimiento que impera sobre lo que es la educación, en un país occidental como el nuestro. Y es que desde los albores de las primeras academias hace miles de años, el pilar básico de un sistema educativo siempre ha sido despertar el espíritu crítico y el cuestionamiento de lo aprendido. Estos principios fundamentales han sido los promotores del progreso, el método científico y la democratización de nuestras sociedades, y un buen sistema educativo en un país democrático, basado en estos principios, no podría “adoctrinar” ni aún si se lo propone.  Y si hubiera que ponerse quisquillosos, precisamente los que más problemas y épocas oscuras han planteado a estos principios de progreso y ciencia, son aquellas líneas ideológicas procedentes de los mismos núcleos que hoy plantean el PIN PARENTAL.

Por otro lado, somos conscientes que esta medida de la ultraderecha, busca amedrentar al profesorado, provocar la autocensura e imponer la idea de que hay ideas como la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos LGTBI y la sexualidad en general que son perjudiciales para la formación de los niños y las niñas. Esta estrategia, la de declarar y extender ideas falsas sobre estas y otras cuestiones, ya se ha llevado a cabo en otros países como en Brasil y puede desembocar en la persecución política de ciertos colectivos tales como el movimiento feminista, cuyas demandas son compartidas por una amplia base de nuestra sociedad, como demuestra el éxito de participación en las manifestaciones de cada 8 de Marzo. Es decir, la sociedad asume hoy en día ciertos valores y reivindicaciones que muy pocos ponen en cuestión (los sectores más reaccionarios) que se encuadran dentro de la defensa de los Derechos Humanos.

Conviene recordar que todas las actividades recogidas en la PGA (Programación General Anual) son parte del currículo, que cada centro tiene un PEC (Proyecto Educativo de Centro) donde se recogen las ideas sobre las que pivotan todas las actuaciones pedagógicas, incluidas las actividades, charlas, exposiciones, etc que se realizan en un centro a lo largo del curso y que todo esto está contemplado en la ley de educación que rige actualmente en nuestro país.

Durante estos días hemos oído y leído muchos argumentos basados en que los hijos son de los padres y madres, y por tanto, cada cual puede decidir la educación que reciben. El Estado no tiene nada que decir en este aspecto. Pero imaginemos una familia que entre sus valores morales tuviese el de considerar adecuado para la educación de sus hijos e hijas la xenofobia, la homofobia o la aporofobia ¿debería el Estado y la sociedad permitir ese tipo de educación, o mirar hacia otro lado, cuando esos mismos valores van contra la convivencia, el respeto y los derechos fundamentales de los seres humanos?

Por fortuna, nuestra legislación, en su más alta condición como es la Constitución Española, deja bastante claro las líneas establecidas a cumplir.  Algunos partidos creen, que el Artículo 27.3 C.E. que establece que Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones les ampara en la defensa de este susodicho PIN. Pero nada más lejos de la realidad, la formación puesta en cuestión no atañe ni a cuestiones religiosas, ni morales, por lo que la enarbolación de esta cuestión decae abrumadoramente. 

Pero con lo que tal vez no cuenten, es con el Artículo 27.1 C.E, que reconoce la libertad de enseñanza. Y también es probable que estén ignorando lo que puede ser el punto más importante, el Artículo 27.2 que establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales , donde curiosamente, sí que entra englobada toda esa formación adicional, obligatoria y evaluable, contra la que quieren hacer frente.

El veto parental de la ultraderecha se enmarca dentro de un ataque a la escuela pública, a la libertad de cátedra y del intento de controlar lo que se debe enseñar y lo que no

Pero por encima incluso de estas consideraciones, debemos remitirnos al artículo 39 de la Constitución Española, tanto su apartado 2 (“Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos”) como el apartado 4 (“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”). En este sentido, cabe remitirse a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por España, que, en su artículo 3, apartado 1, dice expresamente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”, es decir, no el de los padres sino el del niño. Cabría añadir incluso algo más: en este mismo texto, en el artículo 28, apartado 2, punto d) se dice que los Estados deberán “Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas” y en el artículo 29, apartado 1b) se señala que la educación del niño deberá estar encaminada a  “Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

No se trata de que la escuela instruya y promueva comportamientos sexuales en un determinado sentido, o que trate de deshumanizar al género masculino por el hecho de serlo, como quieren hacernos creer. Esto es sencillamente absurdo y una barbaridad. Se trata de educar en el respeto, la igualdad y otros valores democráticos. Y para ello son necesarias determinadas actuaciones, voces y colectivos que aporten dichos valores.

Pero no nos perdamos en los detalles, el veto parental de la ultraderecha se enmarca dentro de un ataque a la escuela pública, a la libertad de cátedra y del intento de controlar lo que se debe enseñar y lo que no, aduciendo un supuesto derecho de propiedad de los padres y madres respecto a los hijos que no es tal, en un ámbito, el familiar, de corte tradicional, falsamente separado del ámbito social y público. Una realidad que niega otras realidades.

Los “think tank” conservadores (FAES, Red Floridablanca,...) están detrás de este ataque (el veto parental no es más que un episodio más, llamativo eso sí) a la educación pública porque sus planteamientos en este sentido son meridianamente claros:

La educación, como la sanidad, es una actividad esencial de las sociedades actuales y los individuos que las integran (todo el mundo debe educarse). Como tal, debe monetizarse, es decir, debe ser susceptible de generar rentas a los inversores privados. Traducido, la educación debe pagarse.

Como no todas las familias están en disposición de poder pagar el gasto educativo, deben establecerse niveles. La educación pública (como la sanidad pública) debe tener un mero carácter asistencial, es decir, sólo estaría reservada a los grupos sociales con menos ingresos o que no pudieran pagarse otro tipo de educación. Resultarían así “ghettos” educativos a la manera de algunos barrios de las urbes norteamericanas (en el fondo, es el modelo al que aspiran). De ahí su interés, reproducido en medios de comunicación como El Mundo, por ejemplo, de los rankings de mejores colegios o mejores universidades. Clasificar centros educativos y asignar recursos económicos en función de esos rankings es su aspiración. El veto parental juega aquí el papel de simple señuelo de la manoseada “libertad de elección de centro” que sólo oculta el desmedido interés por segregar alumnos por su condición social y económica.

Se trata de desprestigiar una vez más a la educación pública y a sus profesionales, intentando extender una imagen de degradación y corrupción moral que en nada tiene que ver con la realidad

¿El resultado? Empobrecimiento de la educación pública, reasignación de dinero públicos para beneficiar a los “mejores” centros (o sea, aquellos en los que se educan los hijos de las élites) y vaciamiento del contenido social que claramente queda expresado en el Título Preliminar, artículo 1 de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

En definitiva, se trata de desprestigiar una vez más a la educación pública y a sus profesionales, intentando extender una imagen de degradación y corrupción moral que en nada tiene que ver con la realidad, como bien sabemos los que ejercemos la docencia desde hace muchos años. Y esto es así porque las estadísticas educativas de nuestro país en los informes internacionales (PISA y similares) una y otra vez vienen a corroborar que, a igual índice cultural, económico y social, el alumnado de los centros públicos obtiene, de media, 12 puntos más que el de la concertada. Como los números tienen difícil discusión recurrimos a la caricatura, cuando hasta alguno de sus Consejeros de Educación en los gobiernos autonómicos que controlan han expresado hoy mismo que esos supuestos ataques a la moral y demás zarandajas no existen, no ha habido denuncias ni masivas ni siquiera significativas.

Contra el mal llamado “pin parental” y en defensa de la escuela pública
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