La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil ha anunciado que iniciará “actuaciones legales para exigir responsabilidades” a un agente por un “supuesto delito de extorsión", y al Coronel Jefe de Cantabria, a la Delegada de Gobierno de Cantabria y al Mando de Operaciones de la Guardia Civil por otro “supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos”. Así lo ha anunciado en un comunicado como reacción a los hechos que se hacían públicos el pasado 11 de julio, cuando se dio a conocer que un guardia civil había solicitado que se le devolviera el dinero "al no estar conforme" con los servicios prestados por una chica del club de alterne, New Borgia, utilizando su placa para exigir dicha devolución. El coronel de la comandancia cerró el asunto sin sanción alguna para el agente en cuestión.
Y es que, como se recoge en la noticia que publicó eldiariocantabria.es, “es norma que de los hechos e incidentes que pueden tener repercusión mediática, se informe a la Delegación de Gobierno”, recuerda la organización, por lo que “tendrá que aclarar por qué no se ha actuado”.
Una actuación que, como señala la asociación, contrasta con “sanciones tan graves y desproporcionadas” como la que recibió un oficial unos días antes de estos hechos, para el que se proponen “dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión”, por una discusión en la puerta del New Borgia.
“No podemos permitir el ensañamiento y sanción desproporcionada de hechos menores denunciados a través de un anónimo que no han sido ratificado en las declaraciones, mientras que queden impunes hechos de gravedad que obran en el expediente de investigación”, indica la UO.
Asimismo, ha subrayado que esta “no es la única conducta que obra en la investigación y queda sin sanción”, recordando que existe también “la declaración de una trabajadora del club que se dirigió a uno de los guardias civiles y, mostrando su tarjeta profesional, le dijo “soy guardia civil y no quiero trato con putas”.
HECHOS PREVIOS
Antes de lo ocurrido con el guardia civil que reclamó que le devolvieran el dinero por no quedar satisfecho con los servicios recibidos en el New Borgia, la UO apunta que el pasado mes de octubre, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al citado club de alterne. En dicho grupo, del que formaba parte un oficial, uno de ellos quiso entrar vistiendo parte de un disfraz, ante lo que se opuso el portero. Esto generó una discusión de la que se recibió “un supuesto anónimo en una asociación profesional” que lo remitió a la Comandancia de Cantabria denunciando los hechos.
“El Coronel Jefe de la Comandancia ordenó una investigación de lo ocurrido. Quienes declararon en la investigación no quisieron denunciar el hecho, dijeron que no tuvo importancia. Los guardias civiles que fueron avisados para acudir al lugar indicaron lo mismo, que cuando llegaron no había ningún incidente y que nadie quiso formalizar ningún tipo de denuncia. Ninguno hizo constar en sus papeletas de servicio la existencia de incidente. De no ser por el anónimo cursado a través de una asociación profesional no habría pasado nada”, ha explicado la asociación.
A pesar de esto, continúa su relato, “el Jefe de la Comandancia elevó parte disciplinario, considerando que los hechos eran graves, habiéndose propuesto sanciones graves para los que pudieron haber discutido con el portero, hasta el punto desproporcionado que para el oficial se propone dos faltas graves, con sanción de tres meses se suspensión”.
La investigación de estos hechos permitió sacar a la luz lo ocurrido unos días después, cuando otro grupo de guardias civiles de tráfico acudieron al local, uno de ellos subió a la habitación con una mujer, y más tarde acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero por no quedar satisfecho con los servicios recibidos, procediendo a devolvérselo.
A juicio de la Unión de Oficiales, este comportamiento del guardia civil podría constituir un “supuesto delito de extorsión”, recogido en el artículo 243: “el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”.
Respecto al delito de omisión del deber de perseguir delitos, del que acusa tanto al Coronel Jefe de Cantabria, a la Delegada del Gobierno en la región y al Mando de Operaciones de la Guardia Civil, la asociación recuerda que el artículo 408 del Código Penal indica que “la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
