El Gobierno de Cantabria, a través del Fondo de Derribos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha iniciado este jueves el pago de las indemnizaciones a propietarios de las urbanizaciones de La Arena, en Arnuero, y de Las Torres, en Escalante.
El consejero, José Luis Gochicoa, en representación de la Administración regional, ha hecho entrega del cheque a cinco familias cuyas viviendas, sobre las que pesan sentencias de derribo, no disponían de otro tipo de solución. Además, ha revelado que actualmente se encuentran en "avanzado estado de tramitación" el pago a otros 12 propietarios de estas dos urbanizaciones, ha informado el Gobierno en un comunicado.
De este modo, el Ejecutivo destaca que continúa trabajando para que el pago de las indemnizaciones se pueda efectuar "lo antes posible" en aquellos casos en los que no se disponga otro tipo de alternativa, “en cumplimiento con los convenios firmados y siempre que los titulares no hayan optado por una vivienda en sustitución”.
Tras conocerse esta noticia, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha señalado en declaraciones a este medio, a través de su presidente, Antonio Vilela, que “todo lo que sea dar soluciones a los afectados, si estos están de acuerdo, nos parece bien, no hay nada que oponer”. Sin embargo, ha añadido que “hay un tema más importante”, y es la aprobación de los planes generales de los municipios para dar solución a muchas viviendes del resto de municipios que tienen este tipo de sentencias.
Asimismo, ha subrayado que, como ya reclamaron en la ‘Marcha de los Inocentes’ del pasado sábado, 12 de marzo, “nos gustaría que se haga caso a las resoluciones” y a los mandatos del Parlamento de Cantabria, y “no se dilapiden los recursos de todos los ciudadanos”.
