Viernes, 22 de Septiembre de 2017
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MEDIO AMBIENTE

El Supremo insta al Estado a ejecutar sin demora la sentencia de derribo de la EDAR de Vuelta Ostrera

La providencia del tribunal señala que la ministra de Medio Ambiente deberá proceder a dictar cuantas órdenes considere procedentes con el fin de que la sentencia se lleve a efecto, "con expresa indicación de remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado o pudieran acordarse con el fin de alcanzar dicho cumplimiento".

Díaz Tezanos advierte de que la demolición antes de construir una alternativa provocará un "desastre ecológico" que "lleva la marca del Partido Popular".

EDAR de Vuelta Ostrera
EDAR de Vuelta Ostrera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que designa a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, como autoridad responsable de la ejecución de la sentencia de demolición de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, dictada por el TS en 2005. El TS ha adoptado esta decisión ante el incumplimiento por parte de la Administración estatal de la citada orden, y ante el tiempo transcurrido sin que se haya llevado a efecto la ejecución.

La providencia, fechada el 10 de mayo y recogida por Europa Press, señala que la ministra deberá proceder a dictar cuantas órdenes considere procedentes con el fin de que la sentencia se lleve a efecto, "con expresa indicación de remover cuantos obstáculos, demoras y trámites innecesarios se hayan acordado o pudieran acordarse con el fin de alcanzar dicho cumplimiento". La ministra deberá dar cuenta al tribunal cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de la ejecución.

El Supremo atendió en el año 2006 el calendario propuesto por la Administración para proceder a la ejecución de la sentencia, que establecía la demolición en el segundo semestre de 2013, pero el pasado mes de enero, mediante auto, denegó prolongar de nuevo ese plazo hasta el año 2021 como pidió el abogado del Estado.

"El PP es culpable de haber construido en su momento esta depuradora", que incumplía la Ley de Costas, ha reiterado Díaz Tezanos

En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la depuradora al estimar un recurso de la asociación ecologista Arca contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados en Vuelta Ostrera para ser ocupada por la EDAR. El alto tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.

Desastre ecológico

Tras conocerse la decisión del Supremo, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado que esta demolición, antes de que se construya una alternativa, provocará un "desastre ecológico". "Todo este asunto lleva la marca del Partido Popular", ha señalado.

"Será un daño ambiental sin precedentes en Cantabria", ha afirmado la vicepresidenta, que en un comunicado de prensa señala que el Gobierno central tiene que hacer un "último intento" ante el Tribunal Supremo para motivar la necesidad y solicitar un último plazo, con el fin de que se pueda construir la alternativa antes de proceder al derribo de la depuradora actual.

Para la vicepresidenta, el Partido Popular es el responsable de la situación actual de la depuradora y será "el culpable del irreparable daño ambiental" que supondrá para Cantabria demoler Vuelta Ostrera sin tener construida una depuradora alternativa.

"El PP es culpable de haber construido en su momento esta depuradora", que incumplía la Ley de Costas, ha reiterado Díaz Tezanos, quien también ha responsabilizado al Partido Popular de "retrasar los plazos que le han dado los tribunales para ejecutar la sentencia de 2005".

La Administración del Estado se comprometió con el Tribunal Supremo a demoler la depuradora ilegal antes del segundo semestre de 2013, calendario que no se ha cumplido.

"El PP de Cantabria y el PP nacional son culpables por engañar a los cántabros y decir que lo iban a legalizar", ha añadido la vicepresidenta, en referencia al compromiso del entonces presidente del PP de la Comunidad Autónoma, Ignacio Diego, de "indultar la depuradora si llegaba el Gobierno y después legalizarla modificando la ley de Costas".