Un grupo de investigadores de la Universidad de Cantabria ha denunciado la "precarización salarial" a la que les somete la institución académica, a la que acusan de incumplir con las condiciones laborales de los contratos "haciendo que recaiga sobre los trabajadores los costes patronales que debería asumir la empresa contratante", es decir, la UC.
Los denunciantes tienen contratos laborales vinculados a las ayudas para jóvenes doctores 'Margarita Salas', financiadas por el Ministerio de Universidades gracias a los fondos europeos 'Next Generation'. En un comunicado, aseguran que un real decreto del departamento ministerial "deja claro" que las cuantías mensuales para la modalidad de las ayudas 'Margarita Salas' es de 3.500 euros brutos para quienes soliciten realizar la estancia en el extranjero y de 2.800 para los que la hagan en España.
Sin embargo, denuncian, la UC "ha retorcido la ley" para que la cuantía bruta efectiva que reciban los investigadores contratados con esa ayuda no sea de la citada cuantía, sino que "se ha reducido en más de un 32% al detraer -dicen- la Universidad de estas cantidades su aportación a la Seguridad Social y el coste patronal". Y ello hay que "descontar", además, "la cuota obrera correspondiente y el IRPF al tributar en España de la cuantía bruta mensual".
En total, según ha podido saber este medio, los afectados son unos 20 investigadores, que no descartan que lo ocurrido pudiera terminar en una denuncia ante los tribunales. A este respecto, en declaraciones a eldiariocantabria.es, han revelado que el caso está en manos del sindicato Comisiones Obreras, que ya se ha puesto en contacto con su gabinete jurídico para valorar las acciones a seguir ante algo que, según les han asegurado, “legal no es”.
Tal y como han explicado, este “ahorro” que logra la Universidad de Cantabria detrayendo ese porcentaje de la ayuda que deberían recibir tiene que ser justificado de algún modo al proceder de una ayuda, en este caso europea. Es por eso que “la UC ha sacado una nueva convocatoria, y prevé sacar otra más, todas con las mismas condiciones”, es decir, todas quitando esas cantidades.
Los denunciantes consideran que se debe "tener en cuenta que los beneficiarios de estas ayudas perciben un salario fijo que, en muchos casos, es insuficiente para cubrir los gastos propios de una movilidad, teniendo en cuenta sus responsabilidades económicas previas". Además, creen que "al hacer a los beneficiarios de las ayudas cargar con los costes patronales, la Universidad de Cantabria está cambiando las condiciones contractuales respecto a lo dictado por el Ministerio de Universidades, precarizando sus salarios llegando los candidatos incluso a renunciar a ellas".
Cantabria no es la única comunidad en la que ocurre esto. De hecho, han explicado a este medio que “algunos compañeros se han reunido con el Ministerio”, que “nos ha dado la razón”. El problema es que “se dio libertad a las universidades” para gestionar estas ayudas, por lo que “dicen que no pueden hacer nada”.
Estos jóvenes doctores han hecho llegar a la UC y a la Consejería de Universidades la petición de que la administración "complemente sus salarios para compensar la irregularidad nunca vista" de que sean ellos, como dicen, quienes tengan que "cubrir los costes patronales", como han hecho otras universidades. En este sentido, lamentan que han recibido "excusas como respuesta" del rector de la UC, Ángel Pazos, y que el consejero del ramo, Pablo Zuloaga, "se ha negado" a responderles.
Y por eso hacen pública su denuncia sobre "el maltrato que sufren los científicos en Cantabria, que quieren desarrollar en la comunidad su actividad investigadora, pero que son abocados a contratos precarios que no les permiten desarrollar sus vidas".
Se da la situación, como han explicado a este medio, de que esta práctica quita a estas becas la cualidad de excelencia, algo que, afirman los investigadores, les pone en desventaja y “por detrás de otros investigadores” ante futuras convocatorias para otros proyectos.
