Domingo, 24 de Septiembre de 2017
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LABORAL

USO bloquea la entrada de la fábrica GSW para reclamar la readmisión de dos sindicalistas que pidieron mejoras salariales

Medio centenar de trabajadores de la fábrica se concentran para denunciar la “represión sindical” de la empresa y la “vergonzosa actitud” de la actual responsable de Recursos Humanos, que fue directora general de Trabajo de Cantabria bajo el Gobierno de Diego.

Representantes de USO han bloqueado el acceso a GSW
Representantes de USO han bloqueado el acceso a GSW

El pasado martes día 16 el sindicato USO denunciaba el despido “fulminante” de dos sindicalistas que pidieron mejoras salariales en la empresa GSW unas horas antes. Ante lo que consideran un caso de “represión sindical”, este viernes han mantenido una concentración en la entrada de la fábrica a partir de las 11:00 horas que ha bloqueado tanto el acceso como la salida del recinto, provocando una importante caravana de camiones cerca de la rotonda situada frente a la entrada. Los trabajadores han reclamado la readmisión de los dos sindicalistas, denunciando la “vergonzosa actitud” del grupo empresarial y de la actual responsable de Recursos Humanos, Rosa Castrillo, que fue directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria liderado por el ‘popular’ Ignacio Diego.

Durante la concentración el sindicato ha recordado que la empresa “nunca ha echado a nadie”, y ha calificado de “cacería expresa contra el sindicato” el despido de los dos representantes de USO. Por ello, van a “presentar batalla” y han abierto la puerta a diferentes opciones para poder lograr la readmisión.

“Estamos fijando reuniones con diferentes administraciones para solventar el problema”, han avanzado los representantes de USO, que han denunciado asimismo un “pacto incumplido que debería tener validez”.

En este sentido, USO apeló el pasado martes al Gobierno de Cantabria a que exija a la Dirección de GSW el "respeto de los derechos fundamentales en su planta de Santander", especialmente cuando en abril la empresa ha recibido un aval del propio Gobierno regional por valor de 13,2 millones para afrontar gastos corrientes.

Por otro lado, el sindicato ha hecho hincapié en una “credibilidad que no tiene la compañía”, que ha contratado a personal de la administración pública que ha gestionado en materia de empleo “para despedir a gente”, y que ha recibido “dinero público que se ha utilizado para despedir a trabajadores que no tienen mancha”.