martes. 19.03.2024

La formación ecologista EquoCantabria ha advertido de "presuntas irregularidades" en el convenio urbanístico anunciado entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la fábrica de conservas Lolín, y que según dice podrían suponer "infracciones urbanísticas graves, e incluso responsabilidades penales si se llevara a efecto".

En nota de prensa, Equo recuerda que el pasado mes de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el Informe Ambiental Estratégico del modificado del Plan General de Castro Urdiales que implica el traslado de la fábrica de conservas y la recalificación del suelo para albergar un nuevo centro comercial.

Una operación que fue presentada por el concejal, portavoz del grupo municipal del PRC, Jesús Gutiérrez, "dueño y administrador" de la fábrica, y que pretende "impulsarse" a través de la firma del citado convenio, por el que el Ayuntamiento se compromete a la tramitación del modificado del Plan General para cambiar el uso de la parcela de "productivo industrial" a "productivo comercial".

Según el responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de EquoCantabria, Juantxu Bazán, "no es ético que un concejal haga negocios con el Ayuntamiento al que pertenece, máxime cuando ello supone una recalificación de sus terrenos y un aumento considerable de las plusvalías urbanísticas, pero es que además es ilegal al estar incurso entre las prohibiciones de contratar que señala la ley de contratos del sector público para los cargos de elección política".

EquoCantabria denuncia un "exceso de aprovechamiento urbanístico" que sería bendecido por el convenio urbanístico

Al respecto señala que "varios informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se han posicionado claramente por la prohibición de hacer contratos entre concejales o sus familiares directos con el Ayuntamiento; o se es concejal, o se hacen negocios con el Ayuntamiento, pero no se pueden pretender ambas cosas a la vez", dice.

EquoCantabria advierte también de "presuntas irregularidades", entre ellas una "apropiación" de suelo público que desde que se construyó la fábrica de anchoas en Brazomar habría permanecido dentro del recinto de la fábrica, apropiación que "no fue advertida" ni por los servicios técnicos municipales, ni por el director de DIRSUR, la empresa a la que se adjudicó la redacción del Plan General, uno de cuyos técnicos, el ingeniero Antonio Martínez es firmante también del proyecto de la fábrica de anchoas, cuya tramitación se realiza meses antes de aprobarse el Plan General de Ordenación de Castro, en diciembre de 1996.

Según señala Bazán, en un estudio en el que aporta la evolución de los planos en los que se ubica la fábrica de anchoas, los terrenos que debieron ser cedidos como espacios públicos se corresponden con las propiedades que adquirió el Ayuntamiento de Castro 1974 a FEVE, tras la inactividad del ferrocarril Castro-Traslaviña, "justamente siendo alcalde Manuel Gutiérrez Elorza, 'Lolín'".

Según sus propias estimaciones, "algo más de 600 metros cuadrados de lo que fue el talud de la vía del ferrocarril se habría medido dentro de la fábrica, y de ellos la mitad tendrían que haberse cedido como espacio peatonal según las normas urbanísticas del Plan General que fueron ignoradas en beneficio de la propiedad y en detrimento de los espacios públicos."

Además, EquoCantabria denuncia un "exceso de aprovechamiento urbanístico" que sería bendecido por el convenio urbanístico, en caso de aprobarse, por el que el futuro centro comercial estaría ocupando un 88% de la parcela (1.561 metros cuadrados más de suelo edificado de los que tiene actualmente la fábrica), cuando las normas urbanísticas no permiten una ocupación mayor del 65% de la parcela, permitiéndose edificar una altura de más de lo indicado por el Plan General".

"En total, se estiman algo más de 5.500 metros cuadrados de edificabilidad distribuidos en espacios comerciales, aparcamientos en planta y espacio deportivo (gimnasio, sala de pádel) que se incorporan en el nuevo centro comercial".

Además de EquoCantabria, también se ha posicionado en contra en esta operación la asociación ecologista ARCA que, durante el trámite de consultas de la Evaluación Ambiental Estratégica ha advertido de los "excesos" de aprovechamiento, así como del "incumplimiento" de la ley de Costas.

Equo advierte de “presuntas irregularidades” en el convenio del Ayuntamiento de Castro...
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