Hace poco más de una semana el todavía alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, vivía algunos de sus momentos más difíciles al frente del Ayuntamiento. Sus conflictos con instituciones como la Fundación Botín o la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Supremo pusieron su figura en el punto de mira. Ahora su nombramiento como Ministro de Fomento por parte de Mariano Rajoy parece dar la vuelta a una situación complicada que, en realidad, se ha venido arrastrando durante varios años.
De hecho, la oposición al PGOU ha sido una constante de vecinos, asociaciones y partidos políticos. Ahí está, por ejemplo, lo ocurrido con Amparo Pérez, anciana que perdió su casa por la construcción del vial. Y ahí están, por ejemplo, los incidentes con los vecinos del Pilón o de Prado San Roque. Pero sin duda, el golpe más contundente ha sido el del Alto Tribunal.
La unanimidad de los magistrados a la hora de anular el PGOU de la capital cántabra, que fue aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en 2012, ha estimado el recurso de casación de ARCA, que calificaba de "irreal" el crecimiento poblacional previsto en el Plan y consideraba de no justificada la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable, según publica VozPopuli.
Las previsiones futuras del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la población tendrá un "crecimiento negativo en Santander, en Cantabria y en España"
La asociación ecologista ha protagonizado un largo proceso en contra de este plan urbanístico de De la Serna. La última cita en los tribunales fue en junio de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechazaba el recurso de ARCA, que siempre ha denunciado que este PGOU escondía en realidad una trampa que acabaría convirtiendo los parques y jardines del centro de la ciudad en edificios de ladrillo contraviniendo el principio que establece que "el desarrollo urbanístico ha de ser sostenible".
Y es que la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable en la costa de Santander, en principio para crear parques y jardines, iba a ser compensada con la pérdida de parques y jardines del centro de la ciudad. El nuevo PGOU permitía que esos metros fuesen contabilizados del suelo no urbanizable que se convirtió en suelo urbano, provocando que las "zonas verdes" del centro de la ciudad pudiesen ser transformadas en edificios y solares.
Crecimiento de la población
El nuevo PGOU de Santander prevé una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, se estima que van a hacer falta 35.316 nuevas viviendas.
Sin embargo, ARCA sostiene, al igual que muchos partidos de la oposición, que las previsiones futuras del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la población a medio y largo plazo tendrá un "crecimiento negativo en Santander, en Cantabria y en España".
Es por esto que la asociación denunció que "el incremento poblacional que sustenta las previsiones del Plan carece de justificación en el propio PGOU y no se ajustan a la realidad que le debe servir de fundamento". "No es admisible que el Plan de Santander nazca con el propósito injustificado de agotar todo el suelo edificable por si, tal vez se produce el mayor incremento poblacional nunca producido en el municipio", han insistido.
El recurso de casación contó con la oposición del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander que en sendos escritos enviados al Supremo defendieron la justificación de este nuevo modelo urbanístico.
Pese a ello, diez magistrados de la Sala Tercera del Alto Tribunal, de forma unánime, han estimado el recurso de ARCA, dando así la razón a los ecologistas, y han revocado la sentencia dictada del TSJC.
De la Serna y otros 10 ministros juran su cargo y Santamaría y Cospedal lo prometen
Los 13 ministros y ministras del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy han jurado o prometido su cargo este viernes ante el Rey y los máximos representantes de los tres poderes del Estado. Tan solo Soraya Saenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal optaron por la fórmula de la promesa, mientras que el resto juró su cargo.
El primero en jurar el cargo ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que repite en el puesto y que en estas ceremonias ejerce como notario mayor del Reino.
Uno a uno, los 13 ministros se han acercado a una mesa colocada para la ocasión en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela sobre la que reposaban un crucifijo, un ejemplar de la Constitución y una Biblia abierta por el Libro de los Números.
Aunque Felipe VI da libertad para retirar los símbolos religiosos en estos actos, hasta la fecha nadie lo ha pedido y la ceremonia de jura o promesa de los miembros del Gobierno se sigue haciendo como en tiempos de Juan Carlos I.
Además del Rey, en el acto han estado presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes del Congreso, Ana Pastor; Senado, Pío García-Escudero; Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
