El Grupo Regionalista ha registrado este jueves en el Parlamento de Cantabria una proposición de Ley de Juventud encaminada a reconocer a los menores de 35 años como "colectivo prioritario de acción social" y poner en marcha medidas que faciliten su acceso a la vivienda y al empleo, como destinar a este sector de la población al menos el 25% del parque público de vivienda y el 30% de las ayudas al empleo. Además, se pide la gratuidad del transporte público para los jóvenes e impulsar la mejora de los estudios de Formación Profesional, entre otras medidas.
La diputada Rosa Díaz, que será la encargada de defender la iniciativa en la tramitación parlamentaria, y el secretario general de Juventudes Regionalistas de Cantabria (JRC), Luis Casas, han presentado este jueves en rueda de prensa la proposición de ley. A partir del reconocimiento de los jóvenes como "colectivo con necesidades específicas", la norma contempla la creación de un Plan Integral de Juventud con líneas de intervención concretas distribuidas en cuatro ejes: el empleo, la vivienda, el transporte público y la Formación Profesional.
En materia de vivienda, plantea la reserva de un mínimo del 25% del parque público para los jóvenes, porcentaje que se eleva al 30% en los municipios con menos de 5.000 habitantes y al 50% en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblación. Esta reserva se mantendría mientras la tasa de emancipación juvenil de Cantabria sea inferior a la del conjunto de la Unión Europea.
Por lo que respecta al empleo, la propuesta regionalista es que los jóvenes sean colectivo prioritario de acción en tanto la tasa de desempleo supere la media europea y reciban "al menos" el 30% de las ayudas destinadas a mejorar la empleabilidad.
Del mismo modo, contempla que el Gobierno de Cantabria garantice la gratuidad del transporte público para todos los menores de 35 años y que impulse la FP como "elemento fundamental para la formación y el acceso al mercado laboral", con garantías para que todos los jóvenes que lo soliciten tengan acceso a estos estudios dentro del sistema educativo público, y con especial atención a las familias profesionales agraria, marítimo-pesquera, de energía y agua y electricidad y electrónica.
La propuesta regionalista aboga también por la participación juvenil en la creación, promoción, uso, consumo, difusión y transmisión de la cultura, y en particular de la cultura cántabra y los deportes vernáculos.
El blindaje del Consejo de la Juventud es otro de los principios de la iniciativa, que incorpora una modificación legal para asegurar que las subvenciones y transferencias destinadas a este órgano estén garantizadas en los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, con el fin de garantizar su "independencia y funcionamiento" y evitar el riesgo de que vuelva a desaparecer, "como ya ocurrió en la etapa de la mayoría absoluta del Partido Popular".
Finalmente, otorga al Gobierno (PP) un plazo de un año para remitir al Parlamento un Plan Integral de Juventud con cinco años de vigencia y promover la creación de un órgano de coordinación interinstitucional en materia de juventud, orientado a impulsar las políticas dirigidas a este sector de la población.
Tanto Casas como Rosa Díaz han tendido la mano al resto de los grupos parlamentarios para llegar a los acuerdos necesarios y lograr a corto plazo la aprobación de la Ley de Juventud. "Esperamos que todos apoyen la admisión a trámite, porque no se trataba de una ley ideológica, sino de una ley para nuestros jóvenes, que está abierta a las aportaciones y las mejoras de todos", ha concluido la diputada del PRC. Por su parte, Casas ha destacado el esfuerzo realizado por Juventudes en los últimos años para elaborar una propuesta legal "viva, dinámica y abierta al diálogo, la negociación y el consenso".
